El bono joven al alquiler prevé una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años para personas de 18 a 35 años

Asturias recibirá 60.819.000 euros procedentes de los fondos del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 y para el bono alquiler joven. De esta cifra, 13,2 millones irán dirigidos a facilitar el arrendamiento por parte de la población joven y 47,6 se destinarán a favorecer el acceso a un piso de los sectores de la población con menos recursos.
Según indican desde el Gobierno autonómico en nota de prensa, el reparto ha sido ratificado esta mañana en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, presidida por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y en la que ha participado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.
Previamente, el 2 de febrero, el ministerio y las comunidades suscribieron un preacuerdo sobre la distribución territorial de los 1.843 millones en ayudas financieras con que se han dotado ambos programas.
Bono joven
El bono joven al alquiler prevé una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años para personas de 18 a 35 años. Para beneficiarse de esta subvención, los solicitantes deberán contar con un contrato de alquiler y otro de trabajo que no implique una renta superior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que supone unos ingresos anuales de 24.318,84 euros.
Además, el límite del precio del alquiler será de 600 euros, en el caso de los pisos, y de 300 para habitaciones.
Acceso a la vivienda
Por lo que se refiere Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, algunos de sus objetivos a corto plazo en Asturias son facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a las personas con menos recursos mediante ayudas directas; favorecer el acceso a la vivienda o a soluciones habitacionales lo más inmediatas posibles a víctimas de violencia, personas sin hogar y aquellas especialmente vulnerables; y colaborar con los objetivos del reto demográfico mediante ayudas a jóvenes para la adquisición de vivienda habitual y permanente en concejos o localidades con menos de 10.000 habitantes.
Como propósitos a medio plazo destacan incrementar la oferta de vivienda en alquiler asequible para personas mayores o con discapacidad, mediante ayudas a la promoción de edificaciones con diseño, instalaciones y servicios que respondan a sus especiales circunstancias; y facilitar la rehabilitación y accesibilidad de las viviendas de propietarios privados, mediante ayudas para la instalaciones de ascensores o la reforma interior, con el fin de adaptarlas a las personas con movilidad reducida.