El Gobierno asturiano da luz verde al proyecto de investigación de Minersa Group para la ampliación de la mina de fluorita de Villabona que conlleva 12 perforaciones en la parroquia gijonesa y 9 en la corverana

21 sondeos de entre 250 y 600 metros de profundidad en la parroquia gijonesa de Serín y la corverana de Solís, principalmente en Campañones, para determinar zonas a explotar a futuro de forma subterránea. Es el proyecto de investigación de Minersa Group vinculado a la ampliación de la mina de fluorita de Villabona, en Siero, que el Gobierno asturiano autoriza pese a las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de Serín, la Asociación de Vecinos de Solís y la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies. Estos colectivos acaban de recibir la comunicación del rechazo de las mismas al entender la Administración que las perforaciones no tienen ningún impacto, algo que los opositores niegan por los condicionantes que llevan aparejados estas labores.
«La actividad investigadora es el inicio de la actividad extractora cuando se encuentran recursos en la zona, lo que supone un impacto importante y muchas veces definitivo. La vieja Ley de Minas permite explotar el subsuelo debajo de tu casa sin avisarte», explican. Esto es, si se encuentran reservas, dicha norma autoriza su explotación. Por ello entienden que «no tiene sentido la nueva autorización de esta nueva campaña de sondeos sin entrar a evaluar la admisibilidad ambiental y social de la explotación extractiva-minera que busca implantarse en la misma zona. En el territorio afectado hay numerosos vecinos en viviendas diseminadas que pueden pasar a tener una mina debajo de su casa sin enterarse porque ninguno de los ayuntamientos ha advertido a los vecinos de este riesgo ni les ha invitado a alegar en este trámite».
En concreto, están previstas 12 perforaciones en Serín y 9 en Corvera que, apuntan desde la Coordinadora Ecoloxista, «pueden afectar a las cuencas de los ríos Aboño y Alvares, al poder pinchar con los sondeos los manantiales que forman estas cuencas. También al embalse de San Andrés, que es Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) y se encuentra a menos de 300 metros». «El Gobierno de Asturias y, de manera especial, los Ayuntamientos de Gijón y Corvera, tienen la obligación de valorar el impacto de las actividades mineras, las secuelas a corto y medio plazo que provoquen en los entornos rurales donde se desarrollan. Y, desde luego, tienen la obligación de valorar el impacto que supone para el futuro de estas zonas la perforación de su subsuelo. Un futuro por el que deben velar siendo plenamente conscientes de las consecuencias», reclaman.
