El presidente del Principado reafirma la ofensiva judicial para lograr la supresión del peaje, al que califica de “ilegal e injusto”, mientras el Gobierno asturiano mantiene la presión sobre la concesionaria por el cobro íntegro durante las obras
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha insistido este jueves en su rechazo al peaje del Huerna, al que ha vuelto a calificar como “ilegal e injusto”, en un contexto en el que el Gobierno autonómico mantiene abierta la vía judicial y la presión administrativa sobre la concesionaria Aucalsa. Barbón ha vinculado además la situación actual del peaje con la falta de un servicio acorde a lo que se está pagando, recordando que, a su juicio, se está cobrando por unas condiciones de circulación que no se están prestando con normalidad. “Cada día que tengo que pasar por ahí me pongo malo como el resto de los asturianos, me pongo malo”, ha afirmado en declaraciones a los medios en Gijón, antes de participar en un acto del sector del transporte.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que el debate sobre el peaje del Huerna ha dado un giro tras el dictamen de la Comisión Europea, que considera que la prórroga de la concesión realizada en el año 2000 fue irregular. Según ha señalado, este pronunciamiento refuerza la posición del Principado, que ya venía defendiendo la injusticia del sistema de cobro. En este contexto, Barbón ha defendido la estrategia del Gobierno asturiano de recurrir a la vía judicial y europea para lograr la supresión del peaje. Ha recordado que el Principado mantiene abierta una línea de trabajo con la Comisión Europea y confía en que el asunto pueda ser elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además de avanzar en la jurisdicción ordinaria española. “Yo estoy convencido de que vamos a ganar esta batalla”, ha asegurado el presidente autonómico, que ha enmarcado esta actuación en una reivindicación sostenida “donde sea necesario, cuando sea necesario y antes de que sea necesario”.
Paralelamente, el Ejecutivo asturiano ha reforzado en los últimos días la presión sobre la empresa concesionaria Aucalsa con un tercer requerimiento formal de la Dirección General de Consumo. En él se exige información detallada sobre la política de tarifas durante las obras en la autopista AP-66, así como sobre posibles reducciones o devoluciones del peaje. El consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, ha criticado la situación actual de la vía, señalando que la circulación en condiciones de obras prolongadas es incompatible con un servicio de peaje. Ha descrito el escenario como “coches circulando en caravana por una autopista de peaje” y ha cuestionado que se mantenga el cobro íntegro.
El requerimiento administrativo también reclama a la concesionaria información sobre la comunicación de incidencias a la Dirección General de Tráfico y sobre la obligación de ofrecer información “efectiva, inmediata y en tiempo real” a los usuarios para que puedan decidir si utilizan la autopista o rutas alternativas.
