Desajustes entre ambas normas en lo referente al sistema de superficies, a la asignación de inquilinos o a su impacto en el mercado motivan la maniobra de la asociación, que demandó la modificación de la regulación de viviendas vacacionales y turísticas
Más en el foco que nunca, a la vista de las recientes protestas ciudadanas por la situación del mercado inmobiliario -las mismas que están detrás del adelanto electoral anunciado este lunes-, la problemática en torno a la proliferación y mantenimiento de alojamientos turísticos continúa sumando capítulos en distintos puntos del país. También, claro, en Asturias, donde la Asociación de Alojamientos de Corta Estancia de la región (CASOCIA) ha anunciado que presentará alegaciones contra el nuevo proyecto de decreto sobre regulación de apartamentos turísticos; el mismo con el que el Principado aspira a reemplazar la norma vigente, que data de 1986 y que ya se ha quedado ampliamente obsoleta. Su contenido, no obstante, genera ciertas dudas a los responsables de CASOCIA, que han detectado «diferencias de criterio relevantes» en comparación con el texto del decreto que rige las viviendas de uso vacacional y turístico (VUT), aprobado en febrero. El mismo, por cierto, contra el que CASOCIA presentó una demanda, recientemente admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al percibir defectos de proporcionalidad y en ciertos requisitos materiales.
Siempre a tenor de lo esgrimido por la asociación, en una nota de prensa remitida a los medios, el primer desajuste entre ambas normas está en la distribución de inquilinos por superficie. Así, en el caso de las vacacionales y de las VUT, una vivienda de entre 25 y 32 metros cuadrados útiles puede albergar a un único usuario; una de 33, a dos, y, a partir de tres personas, 15 metros cuadrados por cada una de ellas. Sin embargo, esas cifras nada tienen que ver con las de los apartamentos turísticos, en los que se fijan superficies mínimas por estancias y categorías. Por ejemplo, según recoge el borrador del decreto, un apartamento de una llave debería equivaler a un estudio de 18 metros cuadrados para su capacidad ordinaria, autorizando una plaza supletoria cuando se incrementa la superficie mínima exigida en 3 metros cuadrados. Extendiendo aún más esa medida, podría darse el caso de que un apartamento de 32 metros cuadrados albergue legalmente a tres personas, dos más que una VUT o vivienda turística; dinámica, por otra parte, parecida a la que regía sobre esos últimos alojamiento antes de la última modificación. CASOCIA exige al Principado «explicaciones técnicas y objetivas».
Otro punto que escama a la asociación es el tratamiento que, según el proyecto, se dará a los alojamientos que ya estaban en funcionamiento. El texto referente a las VUT y vacacionales fija unos periodo de adaptación a la nueva normativa -de hecho, es uno de los puntos llevados por CASOCIA ante la Justicia-, pero no ocurre lo mismo con los apartamentos. Y aún hay otro foco de polémica: el impacto que cualquiera de tales alojamientos puede tener sobre el mercado inmobiliario permanente. De nuevo, CASOCIA opina que las viviendas salen perdiendo en la comparación normativa con los apartamentos, estando las primeras más reguladas, y con mayor severidad, que las segundas. A su parecer, tal agravio no es justo, porque las VUT y turísticas «tienen elevada flexibilidad y reversibilidad de uso», pudiendo ser insertadas en el mercado del alquiler regular, o de la venta, fácilmente; eso no pasa con los apartamentos, «cuya configuración, clasificación y régimen jurídico pueden dificultar o, incluso, impedir su incorporación directa al mercado residencial». En vista de ello, la asociación reclamará jurídicamente que se igualen todas las modalidades residenciales anteriores.
