El Pleno aprueba el dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente minero con el respaldo de toda la oposición, que apunta a fallos graves de control e inspección por parte de la Administración autonómica
La tragedia de la mina de Cerredo sigue proyectando su sombra sobre la política asturiana. El Pleno de la Junta General del Principado aprobó este miércoles el dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente laboral ocurrido en la explotación de Degaña, un texto que concluye que existieron responsabilidades políticas derivadas de fallos de control, supervisión e inspección por parte de la Administración autonómica. El documento salió adelante con el respaldo conjunto de PP, Vox, Foro, Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, mientras el PSOE votó en contra y quedó aislado en la Cámara.
El dictamen fija como causa inmediata y directa del siniestro la realización de labores extractivas clandestinas “bajo condiciones totalmente incompatibles con la seguridad”, pero añade que la Administración no fue ajena al contexto que permitió que esa actividad se desarrollase. Según el texto, la actuación autonómica incurrió en “graves fallos” que facilitaron un escenario de riesgo continuado. La sesión parlamentaria volvió a convertir Cerredo en epicentro del debate político asturiano. La presidenta de la comisión de investigación, Covadonga Tomé, defendió el trabajo realizado y reivindicó que la investigación solo fue posible gracias a su impulso. Durante su intervención cargó contra el Ejecutivo de Adrián Barbón, al que acusó de haber permitido concesiones y transmisiones mineras sin el suficiente rigor jurídico, pese a los antecedentes previos en la explotación.
El dictamen aprobado incorpora una batería de propuestas para corregir las deficiencias detectadas. Entre ellas figuran la revisión de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), la implantación de inspecciones sorpresa anuales, una mayor coordinación entre agentes medioambientales y la inspección minera, así como la actualización urgente de la normativa autonómica en materia de minería. Además, insta al Principado a activar ayudas económicas para las víctimas y sus familias, incluyendo también a los afectados por el accidente de 2022.
Críticas unánime de la oposición
Desde la oposición, las críticas al Gobierno fueron unánimes. Foro recordó que ya en 2022 se constató la extracción ilegal de carbón en Cerredo tras otro accidente mortal y lamentó que la actividad continuara años después. Vox calificó de “aplastante” la responsabilidad política del Ejecutivo y habló de un “fallo sistémico” en el sistema de inspección minera.
Convocatoria por Asturias respaldó el dictamen aunque defendió un voto particular que finalmente fue rechazado. Su portavoz, Xabel Vegas, puso el foco en la figura del empresario responsable de la explotación, al que definió como principal culpable, pero insistió en que la Administración levantó una “arquitectura jurídico-administrativa” que permitió prolongar la actividad. El Partido Popular, por su parte, elevó el tono y definió Cerredo como el “legado” del Gobierno de Barbón. Los populares criticaron además la ausencia del presidente autonómico durante el debate y le reprocharon haber desacreditado desde el inicio el trabajo de la comisión.
Frente a este bloque, el PSOE defendió que el dictamen excede las competencias de una comisión parlamentaria e invade terrenos propios de la jurisdicción penal y administrativa. El diputado socialista René Suárez sostuvo que el documento contiene interpretaciones jurídicas “muy cuestionables” y defendió que la causa del accidente fue la actuación deliberada de una empresa que se saltó las prohibiciones vigentes. Suárez insistió en que la extracción clandestina se produjo durante un periodo muy corto y que ninguna actuación inspectora diferente habría podido evitar el desenlace. Además, reivindicó las medidas impulsadas por el Ejecutivo tras el accidente, como el Plan Regenera, el refuerzo del Servicio de Seguridad Minera y las ayudas a las familias.
