De la tragedia de Cerredo a las conexiones de su entorno con el negocio energético: los vínculos que cuestionan la frontera entre lo público y lo privado
“Los trabajadores se encontrarían en unas condiciones que ni en el peor de los chamizos”. Con esa contundencia describía Belarmina Díaz la situación en la mina de Cerredo once días después del accidente que, el 31 de marzo de 2025, costó la vida a cinco trabajadores. La inspección ocular, explicó entonces en sede parlamentaria, había detectado indicios de extracción irregular de carbón en el tercer piso de la explotación, con huecos de grandes dimensiones que evidenciaban graves anomalías en la actividad.
Ese mismo contexto sigue marcando la actualidad política asturiana. El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró este martes que está “leyendo” el informe sobre el accidente y que el objetivo es “depurar todas las responsabilidades”. Pidió tiempo para realizar un “análisis exhaustivo” del dictamen y defendió la “transparencia” de su Gobierno, subrayando que “en otras comunidades, ante hechos así, se opta por el silencio”.
La tragedia de Cerredo acabó precipitando la dimisión de Díaz como consejera de Transición Ecológica e Industria. Sus explicaciones no convencieron ni a la oposición ni a parte de sus socios parlamentarios, lo que derivó en la creación de una comisión de investigación y en una creciente presión política que terminó con su salida del Ejecutivo. Sin embargo, su figura ya venía arrastrando controversias previas que habían erosionado su posición, aunque, conscientemente, no impidieron su nombramiento como consejera, pese a los informes previos que Barbón y parte de la cúpula del gobierno conocían.
En el centro de esas polémicas aparece un elemento recurrente: las relaciones familiares de la ex consejera con actores relevantes del sector energético y minero asturiano.
Como ha podido saber este diario, el entorno más cercano de Díaz mantiene conexiones directas con empresas y proyectos vinculados al ámbito de su gestión política. Una red que, sin implicar necesariamente irregularidades, sí plantea interrogantes sobre la separación entre lo público y lo privado.
El primer nombre clave es el de su marido, Rafael Murillo Quirós. exdirectivo de Duro Felguera Energía, su trayectoria profesional estuvo ligada a una de las compañías más relevantes del sector industrial asturiano en un momento especialmente delicado. Murillo llegó a ser citado como testigo por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación sobre presuntos sobornos en contratos internacionales.
Tras su salida de la empresa en 2016, su carrera tomó un rumbo académico llamativo: ese mismo año obtuvo el título de doctor con una tesis dirigida por la propia Belarmina Díaz. Un hecho que, por su rapidez y circunstancias, ha sido objeto de críticas en distintos ámbitos.
Pero es en su etapa posterior donde se concentran los elementos más sensibles. También en 2016, el hermano de la consejera, José Ignacio Díaz Aguado, constituyó la empresa Ogwe Consulting, que poco después fue transferida a Murillo. A partir de ahí, la sociedad comenzó a obtener contratos con HUNOSA, la empresa pública minera, en áreas como el asesoramiento estratégico y la captación de financiación.
Según ha podido confirmar este diario, estos contratos coincidieron en el tiempo con decisiones administrativas relevantes adoptadas desde la consejería en la que participaba Díaz, especialmente en materia de subvenciones y ayudas públicas. En concreto, se produjeron modificaciones en las bases de determinadas convocatorias que incrementaron las cuantías destinadas a HUNOSA.
Aunque la entonces consejera defendió que no se perjudicó a ninguna empresa privada, lo cierto es que su departamento evaluó ayudas a una entidad que, simultáneamente, contrataba a su marido para optimizar la obtención de financiación. Una coincidencia que ha alimentado las dudas sobre posibles conflictos de interés.
La relación entre Murillo y HUNOSA no fue puntual. Entre 2021 y 2023, Ogwe Consulting siguió acumulando contratos, algunos por encima de los 100.000 euros, vinculados al desarrollo de proyectos energéticos. En particular, su papel en la transformación de la central térmica de La Pereda resulta especialmente relevante.
Fuentes conocedoras del proceso señalan que Murillo habría desempeñado funciones de coordinación global en este proyecto, considerado estratégico para el futuro energético de Asturias. Paralelamente, la consejería de Transición Ecológica adoptó decisiones clave para su viabilidad, como la modificación de autorizaciones ambientales que permitieron nuevos usos de combustibles.
Pero el mapa familiar no se limita al marido. Otro nombre relevante es el del cuñado de la ex consejera, Antonio Muñoz-Murillo Quirós, vinculado a Iberdrola en un puesto de responsabilidad jurídica, y casado con Cristina del Valle, directora de Asesoría Jurídica y secretaria del Consejo de SEPI
Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. (GRUPO SEPI).
La incorporación del cuñado a la compañía coincidió con un momento clave: la adquisición de varios parques eólicos en Asturias que habían permanecido bloqueados y que avanzaron en su tramitación tras la llegada de Díaz a la administración.
Como ha podido saber este diario, incluso existieron conflictos con otras empresas del sector que finalmente desistieron de sus reclamaciones, lo que facilitó el camino a la multinacional energética.
El tercer vértice de esta red familiar lo ocupa el hermano de Díaz. José Ignacio Díaz Aguado no solo estuvo detrás de la creación de Ogwe Consulting, sino que posteriormente constituyó, junto al empresario leonés Manuel Lamelas Viloria, la empresa Ingeniería Revalorizaciones del Norte.
Esta sociedad opera en el ámbito de la gestión de residuos, un sector estrechamente ligado a las competencias de la consejería de Transición Ecológica. Entre sus objetivos figura la gestión de cenizas y escorias, precisamente los residuos generados por la central de La Pereda.
Fuentes consultadas por este diario apuntan a que esta coincidencia no es menor. Existe un proyecto para trasladar y gestionar las cenizas de la central en determinados terrenos, una operación que requiere autorización administrativa. En ese contexto, la aparición de una empresa del entorno familiar con capacidad para operar en ese nicho resulta, cuando menos, significativa.
Además, esta misma empresa fue beneficiaria de subvenciones públicas concedidas por la consejería en la que Díaz tenía responsabilidades. Las ayudas, destinadas a proyectos de economía circular, se centraban precisamente en el tratamiento de residuos derivados del carbón.
La red se completa con la figura de Lamelas Viloria, socio del hermano de la ex consejera, que impulsa diversos proyectos energéticos en suelos mineros restaurados con fondos públicos. Estas actuaciones se desarrollan en zonas cuya planificación depende en gran medida de la administración autonómica.
Como ha podido saber este diario, la propia Belarmina Díaz participó en visitas y actuaciones relacionadas con estos procesos de restauración, lo que añade un nuevo elemento a la confluencia de intereses detectada.
En conjunto, el caso dibuja un escenario complejo en el que decisiones públicas, proyectos empresariales y relaciones familiares se entrecruzan de forma constante. No se trata, necesariamente, de actuaciones ilegales, pero sí de una red de vínculos que plantea dudas sobre la transparencia y la independencia en la gestión de un sector tan sensible como el energético.
La caída política de Belarmina Díaz se precipitó por un accidente trágico. Pero su trayectoria al frente de la consejería deja abiertas otras preguntas. Preguntas que, más allá de responsabilidades penales o administrativas, apuntan a un debate de fondo: quiénes son, realmente, los nombres que siguen moviendo los hilos del carbón en Asturias.
