La familia Jiménez, al cargo de una hija con un 65% de discapacidad, resiste entre las ruinas de la histórica casa, a la espera de un derribo que el Ayuntamiento lleva demorando desde enero; «solo pedimos un hogar, y claro que pagaremos por él», clama
«Dime la verdad… ¿Tú querrías vivir así?», pregunta Isabel Jiménez. Lo hace con el rostro ensombrecido metafóricamente por la preocupación, y físicamente, por la decrépita mole de la Quinta Rabanal, en Lloreda, que se yergue, tan decadente como imponente, a su espalda. Porque no es el mastodóntico edificio, levantado en siglo XVIII y en el que lleva siete años residiendo, lo que esta mujer mira. Sus ojos permanecen fijos en la furgoneta aparcada en el patio, en la que ella y su marido, Agustín Francisco Jiménez, han almacenado sus escasas pertenencias; incluso han instalado una cama en la trasera del vehículo, en previsión de que deban evacuar el lugar a la carrera. Y si suele decirse que no hay angustia comparable a la de la espera, esta familia, con una hija de dieciocho años y una discapacidad reconocida del 65%, lleva desde enero esperando que, en cualquier momento, la maquinaria de demolición entre en la Quinta, cumpla la advertencia del Ayuntamiento y derribe el complejo, declarado en estado de ruina. Algo que debería haber sucedido hace cuatro meses, que aún no se ha consumado y que, cuando finalmente ocurra, dejará a los Jiménez en la calle y, aseguran, sin alternativa habitacional alguna.
«Soy de Gijón de toda la vida, pero llevamos desde 2008 dando tumbos, pidiendo ayuda a las Administraciones y sin poder pagar lo que se pide por un alquiler normal, y acabamos aquí», recuerda Isabel Jiménez, erigida en portavoz de esta unidad -su segundo hijo, también adulto, reside en Mieres-. Moreda de Aller fue su última ubicación regular, pero problemas para adaptarse al lugar y los costes derivados de la atención a su hija les dejaron sin aquellas vivienda, y ninguno de sus esfuerzos por encontrar un alquiler asequible dieron frutos. Ese era el panorama cuando, en 2019, los Jiménez se enteraron de la existencia de la Quinta Rabanal, en Lloreda. «Nos dijeron que era del Ayuntamiento, y que estaba desocupada, así que nos metimos en ella», prosigue Isabel. Por aquel entonces, asegura, el Ayuntamiento no les puso pegas; es más, «hasta nos dejaron empadronarnos aquí». Los primeros meses tras su llegada los dedicaron a reparar la vivienda, bastante deteriorada por la falta de mantenimiento y la exposición a los elementos, labor que compaginaron con la que es, junto con el Ingreso Mínimo Vital, su fuente de sustento desde hace años: trabajos esporádicos de limpieza y desbroce.
«No era ideal, pero nos apañábamos, y estábamos tranquilos», admite Isabel, rememorando aquellos días razonablemente calmados… Que, de súbito, se vieron truncados hace tres años. Aquel invierno, en plena sucesión de temporales, las fuertes lluvias y la rachas de viento azotaron la Quinta, y «una parte de la casa se vino abajo». Policías y bomberos tuvieron que movilizarse para asistir a la familia, y cuando escampó y se pudo evaluar los daños, el Consistorio no tuvo más remedio que declarar el inmueble en estado de ruina. Fue entonces cuando comenzó la espera y, con ella, la citada angustia, aguardando la temidanotificación de desalojo. La misma que les fue remitida el pasado diciembre; a finales de ese mes el Ejecutivo les dio diez días para desalojar la Quinta, a fin de demolerla y posibilitar la ampliación del cercano Polígono Bankunión 2. Una mala nueva que sorprendió a Isabel «en Madrid, donde estaba porque a mi nieto lo iban a operar; tuve que subir corriendo a Asturias, a recoger, y volver a bajar». Tal como entonces constató este periódico, varios familiares acudieron desde distintos puntos para ayudarles a empacar. No obstante, la demolición no ha llegado a efectuarse, aunque esa tregua podría estar a punto de acabar; Isabel insiste en que este jueves «fueron el palista y el arquitecto, a ver por dónde empiezan a tirar». Y ayer sábado se le comunicó que, finalmente, «la tirarán el viernes».
¿Qué harán los Jiménez si, efectivamente, las máquinas de demolición entran en la propiedad en los próximos días? Ni siquiera ellos logran precisarlo… «De momento, tenemos la furgoneta, pero eso da para unos días; no podemos estar ahí los tres, especialmente la cría», lamenta Isabel. Hoy por hoy, trasladarse con su hijo tampoco es una posibilidad factible; su vivienda «es pequeña, de solo dos habitaciones, y él y su mujer tienen dos niños; no entraríamos todos». Y son pocos los familiares y amigos, y menos aún, aquellos en disposición de darles cobijo. La única opción, asegura, pasaría por instalarse en alguno de los inmuebles de emergencia que gestiona la Empresa Municipal de Vivienda (EMVISA), pero incluso ahí se han topado con escollos. «Mira que tenemos una puntuación alta, trece puntos, pero en estos años siempre nos han dicho que no hay nada libre», narra Isabel. Una justificación, la del Ayuntamiento, que no convence ni a ella, ni a los suyos. «Mi madre vive en Tremañes, y sé que allí hay varias viviendas de VIPASA vacías; algo podrá hacerse en Gijón para que nos den una, digo yo», plantea. Porque estar, están dispuestos a pagar; dentro de sus posibilidades, claro.
«Entre el Ingreso Mínimo Vital y lo que sacamos por nuestra cuenta, podríamos abonar entre 250 y 300 euros al mes», plantea Isabel, recordando con nostalgia aquellos tiempos, ya lejanos, en que «eso bastaba para alquilar un piso mediano». Ni qué decir tiene que la deriva alcista del mercado inmobiliario español ha convertido esa posibilidad en una utopía. Tampoco les ha ayudado, asegura, su condición de gitanos, que «te cierra muchas puertas; hay caseros que solo con verte, o leer el apellido, te descartan». Por eso, el último y desesperado grito de los Jiménez vuelve a dirigirse a las Administraciones, locales y regionales. «Solo pedimos eso: un techo, un sitio en el que vivir, y por el que pagar. Yo misma tengo problemas de salud, y estando como estamos… ¿Qué podemos hacer?».
