Registros, imputaciones y facturas falsas marcan el avance del caso Leire
La investigación judicial sobre la denominada “trama Leire” ha dado un nuevo salto con el registro este miércoles de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La operación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sitúa en el centro de las pesquisas a la antigua dirección socialista y apunta a una presunta red organizada para interferir en investigaciones judiciales que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez.
Según los autos judiciales citados por distintos medios nacionales, el magistrado sostiene que el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán habría coordinado una estrategia destinada a “desestabilizar” causas judiciales y actuaciones policiales consideradas perjudiciales para los intereses del Ejecutivo y del PSOE. Entre los objetivos señalados por el instructor figurarían procedimientos relacionados con la esposa del presidente, Begoña Gómez, el denominado “caso Koldo” y otras investigaciones abiertas sobre dirigentes socialistas.
La actuación policial se desarrolló durante más de doce horas en la sede socialista. Los agentes requisaron documentación contable, contratos, registros de acceso, facturas y material informático, además de clonar cuentas de correo electrónico de trabajadores del partido. Paralelamente, también fueron registrados domicilios y despachos vinculados a algunos de los investigados, entre ellos el propio Cerdán y el empresario Javier Pérez Dolset.
Uno de los elementos que más peso ha adquirido en la investigación son las comunicaciones y anotaciones atribuidas a Leire Díez, exmilitante socialista y considerada por los investigadores una figura clave dentro de la supuesta trama. En esos mensajes aparecen referencias directas al presidente del Gobierno y a decisiones adoptadas desde la dirección del partido. En uno de ellos, fechado en abril de 2024, Díez aseguraba haber sido enviada “de urgencia” a Madrid porque disponían de información “que ayudaría al presidente”.
Tanto El Mundo como The Objective destacan además las alusiones al denominado “one”, expresión que, según la investigación, sería utilizada internamente para referirse a Pedro Sánchez. De acuerdo con el contenido recogido en el auto judicial, Díez afirmó que algunas de las actuaciones se desarrollaban “por orden del one”. También habría trasladado a distintos interlocutores que, tras la imputación de Begoña Gómez, el presidente ordenó “limpiar sin límite”, extremo que la investigación trata ahora de verificar.
El juez considera acreditado de forma provisional que el PSOE habría facilitado recursos materiales y humanos para el funcionamiento de la organización investigada. El auto señala que el partido permitió utilizar dependencias de Ferraz para reuniones, sufragó gastos logísticos y habría abonado pagos periódicos a algunos implicados mediante facturas presuntamente falsas. La investigación cuantifica en unos 188.000 euros los desembolsos supuestamente vinculados a esta operativa.
Entre los imputados figuran también la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y varios abogados y colaboradores relacionados con la causa. Los delitos investigados incluyen organización criminal, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos.
Mientras el PSOE niega cualquier actuación ilegal y sostiene que colaborará con la Justicia, la causa continúa avanzando en la Audiencia Nacional. El juez prevé levantar parcialmente el secreto de sumario una vez concluya la actual fase de registros y análisis documental.
