La organización recuerda que el TSJA solo se ha pronunciado sobre las medidas cautelares y no sobre la legalidad del proyecto en Siero
La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias ha querido dejar claro que el procedimiento judicial sobre la implantación de una gran superficie comercial de Costco en Siero continúa abierto y que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) aún no se ha pronunciado sobre la legalidad de la declaración del proyecto como Proyecto de Interés Estratégico.
La organización empresarial reaccionó este jueves al auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que rechaza la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado que otorgó esa consideración al proyecto promovido por la multinacional estadounidense.
En un comunicado, la entidad expresa su “respeto al auto dictado” por el tribunal, aunque advierte de que la resolución judicial “se circunscribe exclusivamente a la pieza separada de medidas cautelares y no supone un pronunciamiento sobre el fondo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por nuestra organización”.
Por ello, la Unión de Comerciantes insiste en que “el procedimiento judicial principal continúa abierto y será en ese marco donde deberá analizarse la legalidad de la declaración como Proyecto de Interés Estratégico”. La organización considera importante recordar este extremo ante las interpretaciones que pudieran dar por concluida la controversia jurídica tras la decisión conocida esta semana.
Asimismo, destaca que el propio tribunal evita entrar a valorar las cuestiones de fondo planteadas en el recurso. Según señala la entidad, resulta “especialmente relevante que el propio auto no entre a resolver las cuestiones de fondo planteadas, al entender que corresponden a una fase posterior del procedimiento, con las debidas garantías de contradicción y prueba”.
Otro aspecto que la organización valora positivamente es que el TSJA haya reconocido su legitimación para intervenir en el proceso judicial. En este sentido, subraya que el auto reconoce “al menos en esta fase cautelar, nuestra legitimación como parte recurrente, en atención a nuestra condición de interesada en el procedimiento administrativo”.
La patronal comercial también pone el foco en que la resolución judicial recuerda que todavía quedan por desarrollarse diversos trámites vinculados al proyecto. “No cabe prejuzgar en este momento ni el fondo del recurso ni el resultado de los procedimientos urbanísticos, territoriales y administrativos que aún deben tramitarse”, recoge el comunicado, que concluye que “el debate jurídico y administrativo sigue abierto”.
La Unión de Comerciantes quiso además responder a quienes interpretan su postura como una oposición a la llegada de inversiones a Asturias. Según explica, “este debate no se plantea desde una posición contraria a la inversión, a la actividad económica ni a la libertad de empresa”. Por el contrario, asegura que la comunidad autónoma “necesita inversión, empleo y actividad económica”, aunque considera igualmente necesario preservar “reglas claras, planificación territorial coherente y un modelo comercial equilibrado que no debilite a los centros urbanos ni al comercio de proximidad”.
La organización sostiene que la declaración de un proyecto como estratégico requiere una evaluación especialmente cuidadosa por las consecuencias que puede tener sobre el territorio y el modelo comercial. Por ello, anuncia que seguirá ejerciendo las acciones que considere oportunas “en defensa de los intereses generales del comercio asturiano, de los autónomos, de las pymes comerciales y del equilibrio del modelo comercial de Asturias”.
Finalmente, la entidad asegura que mantendrá una actitud “constructiva, institucional y responsable” durante todo el proceso. Su objetivo, afirma, es seguir defendiendo “el comercio local, los centros urbanos y una planificación comercial que tenga en cuenta el impacto real de las grandes implantaciones sobre el tejido económico existente”.
La Unión de Comerciantes concluye reiterando que continuará trabajando para que cualquier decisión que afecte al futuro del comercio asturiano se adopte “con transparencia, seguridad jurídica y equilibrio territorial”, tres principios que considera fundamentales para el desarrollo económico de la región.
