El sindicato ha remitido una carta alertando de la «gravedad de los hechos», y reclama que se aparte al presidente del puerto, Laureano Lourido; a su director, Pepe del Arco, y a la gerente de la terminal granelera, Lucia Herrero, entre otros
El nuevo escándalo que ha sacudido El Musel, la desaparición de más de 115.000 toneladas de carbón denunciada por la empresa TELF, está caldeando los ánimos de la comunidad sindical asturiana. La última organización en pronunciarse ha sido la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI); y lo ha hecho, además, apuntando bien alto. En una carta remitida directamente por su secretario general regional, Ignacio Fuster, al presidente del Principado, Adrián Barbón, el sindicato ha exigido el cese inmediato de varios responsables del puerto gijonés y de la empresa semipública European Bulk Handling Installation, SA (EBHI), señalados en el texto de la demanda de TELF como principales autores de la pérdida del carbón.
En el texto, CSI sitúa su punto de mira, en primer lugar sobre el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, para desplazarla a continuación al director del puerto, Pepe del Arco; dos figuras, de hecho, con responsabilidades en la EBHI. Pero la andanada del sindicato que encabeza Fuster no se detiene ahí. También pide que sea apartada la directora gerente de la terminal gijonesa, Lucía Herrero, y todos los miembros del Consejo de Administración de EBHI nombrados por el Gobierno asturiano. Una descarga potente y ambiciona, si bien motivada, se justifican en el sindicatom, por la «gravedad de los hechos denunciados». En ese sentido, cabe recordar que TELF reclama hasta 53 millones de euros en concepto de indemnización.
Al tiempo, en CSI exigen al Principado que se persone en todos los procesos judiciales como acusación particular para depurar las responsabilidades penales y civiles en las que se haya podido incurrir, tanto por parte de las personas antes mencionadas, como de cualquier otro alto miembro de la dirección de la EBHI. Y concluye solicitando la creación inmediata de una Comisión de Investigación en la Junta General para «aclarar y depurar todas las responsabilidades políticas y empresariales que puedan existir en este caso».
