Cuatro socorristas y cuatro jefes: la polémica gestión del salvamento en Gijón desata las críticas

El sindicato USIPA critica el gasto previsto para Peñarrubia y Estaño y asegura que la falta de planificación está detrás de la externalización del servicio

La Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) ha cargado duramente contra la gestión del servicio de salvamento en las playas de Gijón, denunciando lo que considera una falta de previsión por parte del Ayuntamiento y un uso ineficiente de los recursos públicos. El sindicato critica especialmente el acuerdo que será aprobado para que la Federación Asturiana de Concejos (FAC) asuma la cobertura de las playas de Peñarrubia y Estaño entre el 13 de junio y el 31 de agosto por un importe de 61.141,94 euros.

Según expone USIPA en una nota de prensa, la decisión resulta “vergonzante y difícilmente explicable”, ya que ambas playas venían siendo atendidas tradicionalmente por dos socorristas y, en los últimos años, por cuatro efectivos. Sin embargo, el nuevo modelo prevé la presencia de cuatro socorristas acompañados por otros cuatro responsables, una estructura que el sindicato considera desproporcionada y alejada de las necesidades reales del servicio.

La organización sindical recuerda además que el colectivo de salvamento lleva más de dos décadas reclamando mejoras salariales y el reconocimiento de derechos laborales. En este sentido, señala que los trabajadores han obtenido diversas sentencias favorables frente al Ayuntamiento, incluida una reciente resolución firme que reconoce la antigüedad de una empleada. USIPA advierte de que una eventual privatización del servicio podría interpretarse como una represalia frente a estas reclamaciones judiciales y asegura que, de producirse, emprendería acciones legales.

El sindicato también cuestiona el coste económico de la fórmula elegida. Según sus cálculos, el gasto municipal para cubrir esas dos playas con personal propio rondaría los 24.000 euros durante el periodo estival, cifra que podría incrementarse hasta unos 30.000 euros al incluir refuerzos para cubrir descansos. Por ello, considera injustificado el desembolso superior a 61.000 euros previsto en el acuerdo con la FAC.

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Más allá de la cuestión económica, USIPA sostiene que la externalización supondría una pérdida de calidad en la atención a los bañistas. Argumenta que el personal municipal accede a sus puestos tras superar procesos selectivos con exigentes pruebas físicas y teóricas, mientras que desconoce si los trabajadores incorporados mediante esta fórmula cuentan con procedimientos de acceso equiparables.

La organización rechaza igualmente la explicación municipal basada en una supuesta falta de personal. A su juicio, las necesidades del servicio son conocidas desde hace más de 30 años, por lo que entiende que una adecuada planificación permitiría convocar con tiempo los procesos selectivos necesarios para garantizar la cobertura de todas las playas.

USIPA vincula esta situación con una posible estrategia de privatización parcial del salvamento marítimo gijonés y reclama al equipo de gobierno que exponga con claridad sus intenciones. Asimismo, recuerda que el programa electoral municipal incluía la ampliación de la temporada de salvamento, pero no contemplaba la externalización de parte del servicio.

Finalmente, el sindicato hace un llamamiento a la ciudadanía para reflexionar sobre el modelo de seguridad que desea para los arenales de la ciudad. En este sentido, recuerda recientes incidentes ocurridos en playas gijonesas fuera del horario de cobertura de los socorristas y subraya que la principal función de estos profesionales es la prevención. Por ello, exige “respeto” para el personal de salvamento y unas condiciones laborales dignas que, a su juicio, redundan directamente en la seguridad de vecinos y visitantes.