Rouco defiende premiar la antigüedad en la ciudad y el comportamiento cívico, mientras IU amenaza con llevar los nuevos criterios a los tribunales
El acuerdo alcanzado entre Vox y el Gobierno municipal de Gijón para modificar los criterios de adjudicación de las viviendas de Emvisa continúa generando controversia política. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sara Álvarez Rouco, defendió este viernes las medidas pactadas, entre las que figura otorgar mayor peso a los años de empadronamiento en la ciudad a la hora de acceder a una vivienda pública. Una propuesta que ha despertado las críticas de los grupos municipales de izquierda y que Izquierda Unida estudia llevar ante los tribunales.
Rouco compareció en rueda de prensa para justificar un acuerdo que, según explicó, pretende introducir mayores controles en la adjudicación del parque municipal de vivienda y establecer criterios vinculados al arraigo, la responsabilidad y la necesidad social. La portavoz rechazó las acusaciones de la oposición, que ha establecido paralelismos entre esta iniciativa, denominada «prioridad vecinal», y la «prioridad nacional» que defiende Vox en el conjunto de España.
«Estos días hemos escuchado falsedades y bulos interesados, mucho ruido y mucho pataleo político», afirmó la concejala, quien atribuyó las críticas al rechazo de la izquierda a modificar el actual sistema de adjudicación.
Más años empadronado, mayor puntuación
El pacto contempla revisar los baremos utilizados por Emvisa para seleccionar a los beneficiarios de sus viviendas. Entre los aspectos que se pretende reforzar figura la antigüedad del empadronamiento en Gijón, así como la vinculación con el empleo y determinadas circunstancias personales y familiares.
En concreto, el acuerdo incluye prestar especial atención a los jóvenes menores de 36 años, las familias numerosas, las personas con discapacidad y las unidades de convivencia que tengan dependientes a su cargo.
Vox también plantea incorporar criterios relacionados con el comportamiento cívico de los solicitantes.
«De lo que se trata es de que quien tenga más años de empadronamiento, quien tenga una disposición clara al trabajo o quien tenga un comportamiento cívico y responsable pueda acceder a una vivienda de Emvisa en condiciones más favorables», explicó Rouco.
No obstante, la concreción de estos criterios y su puntuación todavía está pendiente de desarrollarse, por lo que el alcance definitivo de las modificaciones dependerá de cómo se articulen dentro de la normativa vigente.
IU plantea acudir a los tribunales
La iniciativa ha provocado una respuesta crítica de Izquierda Unida, que ha anunciado la posibilidad de recurrir judicialmente los nuevos criterios de adjudicación.
Ante esta advertencia, Rouco aseguró que su formación no tiene inconveniente en que los tribunales examinen la legalidad de las medidas pactadas. La portavoz insistió en que cualquier modificación de los baremos deberá respetar el marco normativo aplicable.
Asimismo, aclaró que el acuerdo afecta exclusivamente a las viviendas gestionadas por Emvisa y no al parque residencial de Vipasa, dependiente del Gobierno del Principado de Asturias.
Otro de los puntos centrales del pacto es la realización de una auditoría operativa y de gestión de Emvisa, destinada a revisar la administración de las viviendas municipales y comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su adjudicación.
«Estamos hablando de viviendas públicas, de viviendas de todos, que requieren el máximo control para que los ciudadanos sepan qué se está haciendo con el dinero de sus impuestos», defendió.
Pese a haber respaldado el presupuesto de Emvisa, Rouco reiteró que Vox mantiene su posición favorable a disolver la empresa municipal e integrar sus competencias en el área de Servicios Sociales.
Críticas al Plan Llave
La portavoz también aprovechó su comparecencia para cuestionar la política de vivienda del Gobierno local, especialmente el desarrollo del Plan Llave.
Rouco criticó que el Ejecutivo municipal no haya conseguido desbloquear la primera fase del programa y pretenda presentar una segunda etapa sin haber materializado todavía las actuaciones iniciales.
La concejala calificó de «chapucera» la gestión del plan y puso en duda que la previsión presupuestaria de 3,5 millones de euros para 2027 permita disponer de viviendas construidas antes de finalizar el mandato.
De esta manera, Vox mantiene su respaldo al acuerdo presupuestario alcanzado en Emvisa, al tiempo que insiste en modificar el acceso a la vivienda pública municipal y someter la gestión de la empresa a una revisión. Una iniciativa cuyo desarrollo definitivo queda pendiente de la concreción de los nuevos baremos y de las posibles actuaciones judiciales anunciadas por Izquierda Unida.
