La organización reclama al Principado, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento una evaluación de la coordinación institucional, los recursos de acogida y el seguimiento de las mujeres en riesgo
– EP
Andecha Astur ha reclamado este sábado al Gobierno del Principado, a la Delegación del Gobierno en Asturias y al Ayuntamiento de Gijón una revisión de los mecanismos de protección contra la violencia machista tras el asesinato de Covadonga Patricia, de 30 años, ocurrido el pasado 12 de noviembre en Jove. La organización pide evaluar la coordinación entre administraciones y adoptar medidas concretas para reforzar la seguridad de las mujeres en situación de riesgo.
En un comunicado, la formación sostiene que las declaraciones institucionales de condena y los tres días de luto oficial deben acompañarse de actuaciones verificables. Su petición incluye examinar el funcionamiento de los recursos de acogida y los procedimientos de seguimiento cuando una víctima deja de permanecer en un centro residencial.
La reclamación llega después de las explicaciones ofrecidas por las instituciones sobre la atención recibida por Covadonga Patricia. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, afirmó el viernes que estuvo en un centro de la red entre el 2 y el 5 de octubre y que posteriormente fue trasladada a otro centro por el riesgo derivado de la cercanía del agresor. Según explicó, tras detectarse que no había pernoctado en ese recurso el 4 de noviembre, se avisó a las fuerzas de seguridad a la mañana siguiente y se activó el protocolo. La víctima tenía una orden de protección.
Andecha dirige al Ejecutivo autonómico la petición de realizar una evaluación técnica de los protocolos y de la red asturiana de acogida. También reclama revisar el seguimiento de las mujeres que abandonan estos recursos, garantizando su autonomía y sus derechos, e informar sobre los medios humanos, económicos y materiales disponibles para atender situaciones de alto riesgo.
La organización solicita, además, un plan de mejora que detalle actuaciones, presupuestos, responsables y plazos de ejecución. Con ello, plantea que la revisión se traduzca en compromisos concretos cuyo cumplimiento pueda comprobarse públicamente.
A la Delegación del Gobierno le pide evaluar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los servicios autonómicos y municipales. Entre sus demandas figuran informar, dentro de los límites legales, sobre los procedimientos de comunicación y seguimiento, así como actualizar y mejorar los protocolos del sistema VioGén.
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En el ámbito municipal, Andecha reclama revisar la conexión de los servicios de igualdad y atención social con los recursos de otras administraciones. También solicita garantizar información, asesoramiento y acompañamiento accesibles para las mujeres amenazadas y evaluar las necesidades locales de prevención y atención.
La formación pide publicar los resultados generales de estas evaluaciones, respetando la privacidad de las víctimas y la investigación judicial, y que las administraciones comparezcan para explicar las actuaciones previstas.
Andecha subraya que reclamar esta revisión no supone dar por acreditadas negligencias o incumplimientos. Lo presenta como un ejercicio de control democrático sobre servicios públicos esenciales y defiende que la prevención, la protección efectiva y la coordinación institucional constituyan una responsabilidad permanente.
