«Lo que tenemos es una zona de bajas emisiones (ZBE) con fondos recibidos que no está activa», recuerdan Ecoloxistes n’Aición d’Asturies y el Observatorio Xixonés de Movilidad (OXM)
Ecoloxistes n’Aición d’Asturies d viene presentando ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible denuncias sobre la situación de la zona de bajas emisiones (ZBE) —obligatoria en aquellos municipios con más de 50.000 habitantes desde 2023— de diferentes ciudades del Estado como Oviedo, Madrid o Valladolid, y ahora también lo hace en Gijón conjuntamente con el Observatorio Xixonés de Movilidad (OXM). «En muchos casos hemos visto posiciones claras en contra de tener zonas de bajas emisiones», señala Paco Ramos, representante del grupo ecologista en Asturias, que especifica que «en el Ayuntamiento de Gijón y, sobre todo, en la concejalía actual está clara. Pero claro, curiosamente, como hay fondos y ayudas y subvenciones, nadie ha dicho ‘yo abandono’ o ‘cambio a otro proyecto’, sino que sigo adelante porque lo que no quiero perder es este dinero».
«Si se declara en rebeldía, si el Ayuntamiento de Gijón está en contra de este proyecto, que haga otro o que haga el suyo, pero lo que no puede ser es que gastemos fondos públicos en unas facturas que efectivamente se habrán pagado, pero que estaban dedicadas a un objetivo: reducir emisiones de gases de efecto invernadero, reducir contaminación, cambiar la movilidad. Si renuncias a ello, entendemos que el dinero debería devolverse», argumenta Ramos. «Por eso nos hemos dirigido a las autoridades que tienen que hacer control sobre el dinero público, para que lo valoren todo o en parte», completa.
Román Torre, presidente del OXM, pone el ejemplo de la instrumentación, «que está instalada, justificada, entre comillas, porque ya está puesta y de alguna manera se cubre el expediente. Pero es que el problema es que estas subvenciones, y todo este dinero público, tienen unas condiciones claras que exigen resultados, un seguimiento que no se puede hacer porque ni siquiera están simplemente encendidas, aunque algunas veces se vea alguna pantalla funcionando». Asegura al respecto de estos equipos colocados en La Calzada, donde está proyectada la ZBE gijonesa, que «hay riesgo de que la garantía, de 2 años, ya haya pasado».
«No hay ninguna justificación para que una ciudad de este tamaño no deba de hacer una zona de bajas emisiones. Al principio era por una cuestión de que no estaba la normativa clara, pero a nivel estatal se han ido dando pasos y ahora mismo ya está meridiana. Incluso tienes los mecanismos ya comprados, contratos de muchos miles de euros», asegura Torre, quien considera que «es un uso del dinero público cuestionable. Ya no es una cuestión no sólo de no implantar la zona de bajas emisiones por cuestiones que no se aclaran muy bien, sino que además hay una cantidad ingente de dinero público que está básicamente sin usar y oxidándose», añade.
