El Ayuntamiento gijonés anuncia el desbloqueo definitivo del plan para erigir cerca de 250 nuevos pisos en las inmediaciones del poblado, paralizado desde la anulación del Plan General de Ordenación de 2011
Santa Bárbara ya puede volver a crecer. Y no es sido, ni mucho menos, un hecho menor. Tras más de una década de espera, con el futuro urbanístico de la zona empantanado desde la supresión del Plan General de Ordenación de 2011, la Junta de Gobierno de Gijón ha confirmado esta mañana el desbloqueo definitivo del proyecto de edificación en la designada como Área Pendiente de Urbanización (APU) N10, emplazada junto al histórico poblado. De ese modo, los propietarios de los terrenos han visto desaparecer el último escollo para empezar a erigir en sus parcelas hasta 250 pisos de nueva construcción, que conformarán por sí solas una de las mayores apuestas urbanísticas de los últimos años en la ciudad.
El propio portavoz del Gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, ha sido el encargado de trasladar la buena nueva sobre una operación «muy grande», a desarrollar en una de las bolsas de suelo por explotar más amplias del municipios. Tanto es así que la empresa que, finalmente, se haga con el contrato deberá depositar un aval de casi seis millones de euros, una cifra inmensa, aunque en la línea del que es «uno de los desarrollos urbanísticos más importantes en estos momentos en la ciudad». De hecho, si la tramitación entre la constructora y los propietarios se resolviese de inmediato, la maquinaria de obras podría entrar inmediatamente después de que se depositase el aval, algo, no obstante, poco probable a juicio de Martínez Salvador, a la vista del escaso margen de tiempo que queda para que 2023 llegue a su fin.
No obstante, la de Santa Bárbara no ha sido la única notificación en materia urbanística que ha salido de la Junta de este martes. También se ha dado luz verde, aunque de forma inicial, al Plan Especial del Área de Unidad de Actuación Providencia (UA-PRV) 4, sita entre la travesía de los Laureles y el camino de las Hayas. El resultado de dicha maniobra es la generación de siete parcelas para levantar en ellas viviendas unifamiliares, así como 1.500 metros habilitados para tender viales, y otros 1.060 metros cuadrados que destinar a ‘zonas verdes’. Su futuro, empero, dependerá de una subsiguiente aprobación definitiva.
El futuro de la nave de Flex… ¿En manos de la Justicia?
Si las dos cuestiones anteriores atienden a la construcción de nuevos inmuebles, Martínez Salvador también ha aludido a una demolición: la de la antigua nave que la fábrica de colchones Flex operó en La Calzada, actualmente en estado de abandono. El portavoz del Ejecutivo local ha reconocido que, en caso de que su propietario no atienda al requerimiento hecho desde el Consistorio, se pedirá «una autorización judicial para demoler el edificio industrial y, posteriormente, pasarles la factura». Un temor en absoluto infundado, pues ya en tiempos pasados un primer requerimiento fue ignorado. Y el precario estado del complejo hace imperativo recurrir a la Justicia. «No podemos asumir ningún riesgo», ha remarcado el edil, quien no ha descartado la posibilidad de que el terreno, catalogado como zona residencial, «esté medio embargado, y que sea alguna entidad bancaria la que pueda tener responsabilidad sobre la nave también».
