Suárez Llana considera «un despilfarro» que se destine a cuatro miembros de la Policía Local a la seguridad de la alcaldesa, mientras desde el ejecutivo acusan al anterior gobierno de la actual carencia de 38 agentes
La ya larga, y aún creciente, lista de temas que han suscitado tensiones entre el ejecutivo gijonés y las fuerzas en la oposición desde que el nuevo gobierno tomase posesión ya cuenta con un nuevo ‘punto caliente’: la protección personal de la alcaldesa, Carmen Moriyón, encomendada a cuatro agentes de la Policía Local. Un despliegue de medios que ha hecho saltar las alarmas en el seno de la agrupación que integran Izquierda Unida, Más País e Izquierda Asturiana (IU-MP-IAS), y cuyo portavoz, Javier Suárez Llana, ha tachado de «injustificado» y de «despilfarro de recursos públicos«, máxime en un momento en que a la plantilla del cuerpo armado le faltan 38 profesionales para estar al completo. Sus palabras, empero, recibían este martes la respuesta de la edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo, que acusó al primero de demostrar «una falta absoluta de conocimiento sobre la materia», e insistió en que la actual merma de efectivos es responsabilidad «del gobierno del que él formaba parte», en referencia al mandato de Ana González.
Para Llana y su partido resulta significativo que, en el transcurso de la comisión de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Participación Ciudadana, Bravo «fuese incapaz» de justificar las amenazas objetivas que pesan sobre la persona de la regidora, y que justifican la designación de sus escoltas. Más aún, en opinión de Llana la única razón real es que Moriyón «se sienta amenazada por los gijoneses, porque cualquier otra explicación no se sostiene». Y ven absurda la distribución de recursos actual, «en vez de reforzar servicios necesarios, como la policía comunitaria en los barrios, la Unidad de Vigilancia Ambiental o los operativos de apoyo a la movilidad escolar en los colegios». Una prueba clara, a su juicio, de que «las prioridades de la ciudad y las del gobierno en materia de seguridad no son las mismas».
Por su parte, la concejala del área en cuestión afeaba ayer la postura de Llana, señalando que «la seguridad de las personas no es una cuestión para hacer política, mucho menos basada en falsedades». Bravo, quien fuese comandante del ‘Helimer Cantábrico’ de Salvamento Marítimo, incidió en que los cuatro agentes a los que se encomienda la seguridad personal de Moriyón «no son exclusivos de la alcaldesa, sino que pueden ser utilizados por cualquier otro
concejal, tal y como marca la ley». Más aún, la edil esgrimió la existencia de un informe redactado por la Jefatura de Policía Local de Gijón, en el que, aseguró, se especifica «que el servicio de protección no responde a un riesgo inminente ya calibrado, sino que se dispone en prevención de hechos delictivos. Un servicio utilizado única y exclusivamente en momentos de índole profesional». Y concluyó planteando que, si bien «es cierto que a la plantilla le faltan 38 efectivos y veinte mandos», Llanas «parece haber olvidado que el responsable de estas carencias es el gobierno del que él formaba parte. Durante los últimos cuatro años no le preocuparon tanto los refuerzos en los servicios que ahora reclama».
