El Ministerio Público aprecia delito de asesinato con agravantes de género y parentesco en unos hechos ocurridos en enero de 2025 en Sama de Langreo
La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una pena de 25 años de prisión para un hombre acusado de asesinar a su pareja a puñaladas en la vía pública en Sama de Langreo en enero de 2025. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales de cara al juicio oral, que se celebrará ante un tribunal del jurado en una fecha aún por determinar. Según el relato de la Fiscalía, el acusado, nacido en 1952, convivía con la víctima, nacida en 1985, en el concejo de Langreo, donde mantenían una relación sentimental y proyectaban contraer matrimonio. En el mismo domicilio residían también los hijos menores de edad de la mujer.
Los hechos se produjeron la tarde-noche del 31 de enero de 2025, tras una discusión en el interior de la vivienda. De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, el acusado adoptó una actitud agresiva, presuntamente motivada por celos y un carácter posesivo, llegando a proferir amenazas. Ante la situación, la víctima logró contactar telefónicamente con una persona de su entorno para pedir ayuda, manifestando que el acusado portaba un cuchillo. Acto seguido, la mujer abandonó el domicilio e intentó huir por la vía pública, momento en el que el acusado la persiguió hasta alcanzarla. Según la Fiscalía, el hombre la sujetó y le asestó múltiples puñaladas en presencia de varios testigos, tras lo cual regresó a su vivienda.
La víctima, gravemente herida, logró avanzar unos metros antes de desplomarse en la calle, falleciendo poco después a consecuencia de una pérdida masiva de sangre. El informe fiscal señala que la muerte no fue inmediata y que la víctima sufrió un periodo de agonía. El acusado permanece en prisión provisional desde el 3 de febrero de 2025. El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de asesinato y aprecia las agravantes de género y parentesco. Por ello, solicita 25 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el cumplimiento de la pena, la prohibición de aproximarse o comunicarse con los hijos, el marido y la hermana de la víctima durante 30 años, así como cinco años de libertad vigilada tras la condena y el pago de las costas procesales. En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama una indemnización de 200.000 euros para cada uno de los hijos de la víctima y 60.000 euros para su hermana, más los intereses legales correspondientes.