El Principado prevé dar luz verde al anteproyecto de ley tras las reuniones previas de los órganos consultivos del sector turístico y la administración local, en un debate parlamentario marcado por las discrepancias sobre su aplicación
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobará la próxima semana el anteproyecto de Ley de la tasa turística, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Gimena Llamedo, durante su intervención en el pleno de la Junta General este martes. Llamedo ha señalado que antes de la aprobación del texto se reunirán este viernes la Comisión de Administración Local y el Consejo Asesor de Turismo, como parte del procedimiento previo a la tramitación normativa. La vicepresidenta ha defendido la necesidad de esta medida y ha recordado que contribuirá a reforzar el modelo turístico del Principado.
Durante su intervención parlamentaria, la vicepresidenta ha respondido a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, en un debate en el que también han surgido críticas por parte de distintos grupos sobre el alcance y la aplicación del futuro impuesto. El anteproyecto de ley contempla la implantación de una tasa vinculada a las pernoctaciones turísticas, una medida que el Ejecutivo autonómico enmarca en la gestión del impacto del turismo y en la sostenibilidad del modelo económico regional.
En el debate, Tomé ha planteado discrepancias respecto a determinados aspectos del texto, entre ellos el tratamiento fiscal de las viviendas de uso turístico y el sistema de bonificaciones estacionales. La diputada ha defendido además la necesidad de diferenciar las tarifas en función del tipo de alojamiento, así como de revisar los límites de aplicación del impuesto en determinados casos. El Gobierno autonómico ha defendido que la medida se está diseñando con el objetivo de equilibrar la actividad turística con la capacidad de carga del territorio, en un contexto de crecimiento del sector en Asturias en los últimos años. La tramitación del anteproyecto continuará la próxima semana con su aprobación en Consejo de Gobierno, paso previo a su remisión al Parlamento autonómico para su debate y eventual aprobación definitiva.
