El Gobierno gijonés asegura que la comunicación con la plantilla «es fluida», y recuerda que «ya estaba previsto incluir 1,2 millones para inversiones» y «una partida específica al nuevo parque» en los presupuestos de 2024
La alegría exhibida ayer por buena parte de la plantilla del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón tras dar a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que condena al Ayuntamiento a invertir en dicho cuerpo durante 2024 la parte de las aportaciones hechas anualmente por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) para el mantenimiento de dicho cuerpo que no se destinaron a ello, ha cogido, dicho coloquialmente, con el pie cambiado al Ejecutivo de la ciudad. En unas declaraciones emitidas por escrito en las horas finales de la jornada de este jueves, la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo, admitía que en el área que lidera «nos sorprende esta actitud», antes de asegurar que «la comunicación con la plantilla es fluida, y este equipo de Gobierno ha mostrado desde el primer día de mandato predisposición total para atender sus demandas».
Por lo que respecta al dictamen del TSJA, el Consistorio el análisis jurídico del mismo, de cara a definir su aplicación. En esencia, el texto revoca una sentencia previa del Juzgado de Gijón, que determinaba que el dinero abonado por UNESPA para el servicio de bomberos no tenía por qué ser dedicado íntegramente al mismo, razón por la que parte del mismo se derivó a gastos comunes de la ciudad. Ahora, en cambio, en el ejercicio de 2024 el Ayuntamiento deberá añadir a los 1,059 millones de euros facilitados por la aseguradora otros 1,579 millones, resultado de la suma de las partes de esas aportaciones correspondientes a los años 2021 y 2022 que nunca llegaron a manos del cuerpo; además, es probable que a esa cuantía haya que sumar el equivalente que se haya generado en este 2023. El total a dedicar a inversiones en vehículos, equipamiento y mantenimiento del parque, a fecha de hoy, asciende a más de 2,5 millones de euros. Eso, por supuesto, sin contar la partida para ello que se incluya en los presupuestos municipales, y que se extraerá de las arcas gijonesas.
En manos del Consistorio está ahora la posibilidad de presentar recurso de casación frente al dictamen conocido ayer, aunque desde Calzadilla Abogados, el despacho ovetense que ha defendido en los tribunales las reclamaciones de los trabajadores afectados, acotaban que se trata de un mecanismo excepcional, y que «en contadísimas ocasiones, por no decir nunca, es admitido en un caso como este». A pesar de disponer de ese último cartucho en la recámara, Bravo trató ayer de limar el impacto de la sentencia del TSJA afirmando que «en los próximos presupuestos ya estaba previsto incluir 1,2 millones para inversiones, así como destinar, a mayores, una partida específica para iniciar el proceso de construcción de un nuevo parque». Más aún, según la edil la cantidad que figura en el primer borrador de las cuentas para 2024, «que resulta del dinero recibido por UNESPA», iría destinada a cuestiones como «el pago de la segunda anualidad de la autoescalera, la compra de equipos de prevención de riesgos o la adquisición de un vehículo autobomba».
