En una sentencia «pionera», el TSJA ordena que la ciudad añada a la aportación anual de 1,059 millones de la aseguradora UNESPA otros 1,579 millones, la parte de las contribuciones de 2021 y 2022 que no se destinaron al cuerpo
El de hoy es un día histórico para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón, marcado por una combinación a partes iguales de alegría, sensación de alivio y, a mayores, percepción de que la Justicia ha cumplido con su misión. Tras ocho largos años de duelo legal con el Ayuntamiento, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en una sentencia que los propios bomberos han calificado de «pionera», ha condenado al Gobierno local a destinar más de 2,5 millones de euros a inversiones necesarias para dicho cuerpo durante el ejercicio de 2024. La cuantía tiene su núcleo en los 1,059 millones que la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) abona cada año al Consistorio, precisamente, para sufragar esas inversiones y garantizar la calidad del servicio. Sin embargo, y aquí radica el motivo de la celebración, el dictamen judicial obliga a añadir a esa base otros 1,579 millones de euros, la suma de las partes de las aportaciones de UNESPA correspondientes a los años 2021 y 2022 que, pese a tener que dedicarse expresamente a los bomberos, el Ejecutivo optó por desviar a gastos comunes de la ciudad. Un triunfo que los hasta ahora afectados, y en breve beneficiarios, han celebrado esta mañana concentrándose ante la Casa Consistorial gijonesa, acompañados por su abogado, Javier Calzadilla.
La cuestión hunde sus raíces en el año 2015, momento en que, por primera vez, se reclamó ante el Ayuntamiento que la asignación de la aseguradora no estaba siendo usada íntegramente para cubrir las inversiones del servicio. Aunque el Ejecutivo no respondió, el Juzgado de la ciudad decretó que no existía obligación de dedicar ese dinero a tales inversiones, un criterio que no satisfizo a los bomberos. Una primera parada en el TSJA dio la razón a la ciudad, pero en noviembre de 2020 el Tribunal Supremo, para sorpresa de todas las partes, se posicionó del lado de los afectados. Desde entonces, la lucha se centró en lograr que el Consistorio invirtiese en el cuerpo la totalidad del dinero entregado anualmente por UNESPA, y no sólo una parte; de nuevo, el Juzgado de Gijón dio la razón al Gobierno, que argumentaba que con la asignación municipal en los presupuestos, y con sólo una porción de la de la aseguradora, bastaba. Ahora, el TSJA ha tirado por tierra esa sentencia. El mensaje es simple: el 100% de lo que UNESPA da a Gijón es para los bomberos de la ciudad.
«Hoy la seguridad ciudadana de Gijón ha ganado», proclamaba, exultante, Enrique Otero, bombero conductor desde hace cuatro años y medio, y representante en el cuerpo de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), la organización que, durante este tiempo, ha conducido la lucha. Y es que ese dinero, que podría aumentar una vez se calcule la parte de la aportación de este 2023 que no se ha dedicado a sus necesidades, permitirá subsanar buena parte de las carencias y problemas de un servicio que, a juicio de Otero y de sus compañeros, «padece un abandono completamente transversal. En el propio parque convivimos con una empresa de limpieza, hay ratas y chinches, hace falta modernizar equipos, tenemos que compartir EPIS, hemos normalizado vehículos con más de veinticinco años…». Desde luego, las consecuencias podrían traducirse en los operativos en los que intervienen a diario, de no ser porque «muchas veces esas carencias se suplen con un extra de esfuerzo personal por nuestra parte». Poca broma para una fuerza que, con 86 profesionales y dieciséis vehículos, de los que uno está averiado, ha de velar por la seguridad de una población de más de 272.000 personas.
También Javier Calzadilla, al frente del despacho ovetense Calzadilla Abogados, enfatizaba esta mañana el impacto de una decisión que, según los bomberos, ya está inspirando a otros cuerpos de toda España para reclamar lo mismo a sus respectivas Administraciones. «Con esta sentencia no sólo gana la seguridad ciudadana; gana la población de Gijón, que ahora está más segura, ya que se va a disponer cada año de un millón de euros más para mejores camiones, un mejor parque, mejor atención telefónica…», apuntaba el letrado. Él mismo se ha encargado de que, a diferencia de lo que probablemente sucederá en otros municipios y comunidades, en el caso de Gijón, pese a que el caso se abrió en 2015, la compensación sólo alcanzará desde el año 2021 porque «fue en 2020, y no antes, cuando el Supremo se pronunció». Un detalle que, empero, no eclipsa la sensación de triunfo que embarga a los integrantes del servicio, a sus representantes sindicales y a su abogado. Y, si bien es cierto que al Ayuntamiento todavía le cabe presentar un recurso de casación ante el Supremo, «es un recurso excepcional y en contadísimas ocasiones, por no decir nunca, es admitido en un caso como este. Por tanto, y sin perjuicio de que el Consistorio ejerza su derecho, creo que podemos darlo por cerrado».
