La medida, que afecta a la totalidad del territorio nacional, incluida Asturias, llega como una estrategia para atajar el intrusismo en esta disciplina, y garantizar la seguridad de los pacientes
Al igual que, en aquellos tiempos remotos de la Edad Media, se podía hablar de «Palabra de noble» o, en su defecto, «Palabra de clérigo» para dejar bien sentado quien ostentaba la autoridad en una conversación, hoy perfectamente podría utilizarse la expresión «Palabra de BOE». Porque, efectivamente, el Boletín Oficial del Estado ha dejado bien clara, y sin margen para discusiones, la última orden emitida por el Ministerio de Sanidad: ningún profesional de la medicina, independientemente de su experiencia o reputación, podrá llevar a cabo operaciones de cirugía estética si carece de la formación específica necesaria para ello. Y no hablemos ya de quienes no cuentan con título sanitario alguno, desde luego… La medida, que parte de la modificación del Real Decreto de 2003 por el que se regula la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, entrará en vigor hoy domingo, con un objetivo claro en mente: frenar el intrusismo en esta actividad y garantizar la seguridad de los pacientes a lo largo y ancho del territorio nacional. También, por supuesto, en Asturias.
La publicación en el BOE de ayer confirma la plena validez de la bautizada coloquialmente como ‘Ley Sara’, llamada así en honor a Sara Gómez, la mujer de 39 que falleció tras someterse a una liposucción en una clínica de Murcia el 1 de enero de 2022, por una presunta imprudencia profesional. Su caso, que desató una oleada de movilizaciones a lo largo y ancho del país, ha servido de impulso a Sanidad para mejorar el control sobre esta actividad ante el aumento de tales intervenciones, y la proliferación de centros que las ofrecen, con el fin de garantizar que estos procedimientos sean realizados exclusivamente por profesionales con la formación y la titulación adecuadas. De esta forma, el ministerio que dirige Mónica García da cumplimiento a una proposición no de ley aprobada por el Congreso hace dos años, que instó al Gobierno a «reforzar la normativa para prevenir el intrusismo y asegurar que todas las actividades sanitarias sean llevadas a cabo por profesionales debidamente cualificados«.
Bajando al detalle, lo que se ha hecho es actualizar la definición de la Unidad Asistencial de Cirugía Estética, que engloba todas las actividades y procedimientos relacionados con la cirugía estética, restringiendo su ejercicio a profesionales que hayan recibido la formación específica necesaria dentro de su programa formativo. A mayores, únicamente podrán llevar a cabo estas cirugías en las áreas que estén directamente relacionadas con su especialidad médica. En concreto, sólo podrán realizar este tipo de operaciones médicos con la especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora u otra especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica que incluya competencias en cirugía estética en su programa formativo oficial.
En palabras de García, que informó de esta medida a través de un video, se trata de «una victoria enorme para la familia de Sara, una mujer que desgraciadamente perdió la vida tras someterse a una intervención en un centro de estética que no contaba con las garantías necesarias». Para la ministra, «damos un paso importante hacia un sistema de salud más seguro, para que tragedias como la de Sara no vuelvan a ocurrir».
