Permisos contradictorios, falta de inspección y una mina fuera de control antes del accidente mortal
La comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo, en Degaña, que el 31 de marzo de 2025 costó la vida a cinco trabajadores, concluye que el siniestro fue consecuencia de una cadena de fallos administrativos, deficiencias en la supervisión y decisiones contradictorias adoptadas por la Administración autonómica en los últimos años. El dictamen sitúa el foco en la actuación del Gobierno del Principado de Asturias y, en particular, en las resoluciones firmadas desde la Dirección General de Energía y Minas, encabezada por Belarmina Díaz. Bajo su responsabilidad se aprobaron decisiones clave como el plan de abandono de la mina en 2019, la transmisión de los derechos mineros a la empresa Blue Solving en 2023 y un proyecto de investigación complementaria en 2024, actuaciones que, según la comisión, acabaron generando un marco administrativo incoherente.
Estas decisiones se enmarcan en la gestión política de la Consejería competente en materia industrial y energética, dirigida en distintas etapas por Enrique Fernández y posteriormente por Nieves Roqueñí, bajo cuya responsabilidad recaía la supervisión general del sector minero y de los órganos técnicos implicados. El informe pone de manifiesto que, en el momento del accidente, la explotación se encontraba oficialmente en fase de cierre y clausura, con una prohibición expresa de extraer carbón y un proyecto de restauración ambiental en marcha desde 2021, financiado con fondos públicos y claramente incompatible con cualquier actividad extractiva. Sin embargo, las investigaciones revelaron que en el interior de la mina se desarrollaban labores clandestinas sin ventilación ni medidas de seguridad adecuadas, lo que provocó la acumulación de gas metano y la explosión.
Uno de los aspectos más cuestionados es la autorización en 2023 de la transmisión de la explotación a Blue Solving, una empresa de reciente creación con escasa estructura económica. El dictamen señala que no consta de forma clara la acreditación de su solvencia técnica y financiera, un requisito exigido por la normativa minera. Además, la compañía incumplió la obligación de constituir garantías económicas superiores a tres millones de euros para asegurar la restauración ambiental. El documento también recoge críticas planteadas en la comisión por el diputado de Vox Gonzalo Centeno, quien cuestionó la viabilidad de adjudicar derechos mineros a una sociedad con un capital social mínimo y sin estructura operativa. Frente a estas críticas, otros comparecientes, como Nuria Menéndez, defendieron que la Administración debía haber evaluado previamente la solvencia de la empresa conforme a los procedimientos establecidos.
En el ámbito técnico, el dictamen recoge aportaciones de responsables como Santiago Berjano, cuyos informes ya advertían de la incompatibilidad entre la restauración ambiental y cualquier actividad minera en la zona. Asimismo, se contextualizan decisiones anteriores adoptadas bajo la dirección de Isaac Pola Alonso, aunque su papel se limita a etapas previas al periodo investigado. Más allá de las decisiones administrativas, la comisión pone el acento en la falta de control por parte de la inspección minera, que no detectó o no frenó una actividad ilegal que se prolongó en el tiempo. Este fallo de supervisión, unido a la desorganización de la documentación administrativa, dificultó el seguimiento efectivo de la situación.
El dictamen concluye que el accidente se produjo en un contexto de “irregularidad administrativa absoluta”, en el que coexistían una mina en proceso de cierre, subvenciones para su restauración y una actividad extractiva ilegal. Como resultado, la comisión apunta a una responsabilidad estructural del sistema político-administrativo y plantea reforzar los mecanismos de control, mejorar la coordinación entre departamentos y evitar que la falta de supervisión vuelva a derivar en tragedias similares.
