Lo que la democracia no ha conseguido con Vox, Vox sí lo ha conseguido con la democracia y sus instituciones
La sentencia del Tribunal Constitucional que declara fuera del ordenamiento jurídico la declaración del estado de alarma aprobado el 13 de marzo de 2020 anula las consecuencias jurídicas que trajo consigo. Adiós a las multas, adiós a los cierres de negocios, adiós a la clausura del ocio nocturno. Es probable que a la Administración del Estado, a la Administración Autonómica y a las Administraciones Locales se les acumulen los recursos, las demandas y toda la burocracia se le venga encima, de la misma forma que se nos vino encima a nosotros hasta ahora. Pero eso, querido y desocupado lector, son nimiedades administrativas, comparado con las consecuencias políticas.
Porque, efectivamente, la sentencia sitúa al Gobierno fuera de la legalidad. Dicho de otra manera, el Gobierno restringió derechos que no debía aunque la sentencia del Tribunal derive todo el asunto a un uso incorrecto de la norma. Lo peor de la sentencia, sin embargo, es que otorga a Vox una legitimidad política que sólo había acariciado con su abstención en el Congreso de los Diputados, a la aprobación de los planes de recuperación y resiliencia, abstención sin la cual, el Estado español no habría podido solicitar a la UE los fondos aprobados hace unos días. Después de aquello, Vox ve reconocida gracias a una las máximas institituciones del Estado una parte de sus pretensiones en el recurso de inconstitucionalidad, lo que viene a ser lo mismo que una legitimidad jurídica y política dentro de la Constitución que reforzará su posición dentro y fuera del parlamento español. Lo que la democracia no ha conseguido con Vox, Vox sí lo ha conseguido con la democracia y sus instituciones.
Así las cosas, vemos que Vox se maneja con finezza política en la ambigüedad constitucional. Es capaz de arremeter contra la constitución en sus discursos y arengas y al mismo tiempo es hábil valiéndose de ella para arremeter contra el gobierno y colocarlo fuera del ordenamiento jurídico. El propio Pedro Sánchez reconoció entonces que Vox había estado a la altura de las circunstancias en un intento errado de comparar la actitud de la ultraderecha con la actitud del PP cuando se aprobaron los fondos. La sentencia del Tribunal Constitucional refuerza ahora esta impresión. El sello de partido democrático, institucional y constitucional está más que confirmado, aunque en el fondo, todos sepamos que es un sello falso.
Así las cosas, convendría que el gobierno y el conjunto de fuerzas democráticas se dejaran de estupideces y fueran capaces de consolidar una alianza política que otorgara la suficiente estabilidad parlamentaria e institucional en todos los órdenes del Estado para evitar que Vox acumulara todavía más razones jurídicas que alimenten, aún más, sus bajas pasiones. Dicho de otra manera, si no se alcanza un consenso entre las fuerzas nacionalistas, el centro derecha, la socialdemocracia y la izquierda socialista, Vox seguirá creciendo como fuerza parlamentaria legitimando su discurso autoritario. Me imagino que Ayuso estará tomando nota de todo. A fin de cuentas, se ha convertido en la centinela que ilumina a Vox por el camino de baldosas amarillas. Ay.
