El espía que nunca lo fue habla de «hostigamiento y acoso laboral» en el Ayuntamiento de Gijón

El funcionario fue apartado de su puesto hace dos años tras la aparición de un ordenador ‘pirata’ y no ha retornado. Toda la investigación policial fue sobreseida y se cerró con un expediente administrativo de falta leve por manipulación de horarios. Ahora audita cámaras de tráfico en la Policía Local

Lo que hace dos años se gestó desde el Ayuntamiento de Gijón como un posible caso de espionaje vinculado a la aparición de un ordenador presuntamente pirata en el seno de las dependencias municipales, ha terminado, al menos hasta el momento, con duras acusaciones de un funcionario municipal contra la concejala de Personal María Mitre y, por ende, contra el equipo de gobierno local. El trabajador citado se vio envuelto en su día en directas acusaciones de posible ‘ilícito penal’ que terminaron en los juzgados y que, con el paso de los meses, fueron sobreseídas en todos sus extremos y se cerraron, en el ámbito administrativo, con una sanción leve y una amonestación. Del presunto espionaje que, de forma “indiciaria”, se apuntaba en la denuncia formulada ante el Cuerpo Nacional de Policía por el equipo municipal de gobierno nada se pudo comprobar. A los diez meses de aquel escándalo, en abril de 2025, el asunto quedó cerrado en los juzgados. Sin embargo, el afectado se ha visto obligado ahora a pedir el amparo de la Junta de Personal del ayuntamiento al considerar que las medidas cautelares que en su día se le impusieron como presunto responsable de los hechos no han sido anuladas y entiende que está siendo objeto de un “hostigamiento y acoso laboral”, al no ser restituido de forma efectiva “en las condiciones previas a la finalización del procedimiento”. De jefe de servicio de Sistemas de Información, cargo que ostentaba antes de la citada denuncia, ha pasado a auditar cámaras de tráfico en la Policía Local. Según fuentes sindicales “lo tienen apartado y no hace nada de lo que antes hacía”.

Han pasado dos años justos de aquel truculento asunto y, aunque sin confirmar por el momento y una vez cerrado el tema tanto en el ámbito penal como en el administrativo, todo hace indicar que el funcionario acudirá a los tribunales, ahora sí, en defensa de su honor que, considera, fue mancillado de forma injustificada.

Los hechos se remontan al mes de junio de 2024 cuando, en una inspección rutinaria, se detecta la presencia de un ordenador en las dependencias municipales que, según parece, no estaba computado en el sistema general del ayuntamiento. El funcionario en cuestión, como queda dicho con cargo de responsabilidad, estaba por entonces de baja médica, pese a lo cual, en dependencias cercanas a su puesto de trabajo fueron colocados carteles en las paredes con este texto: “No dejar entrar en el ayuntamiento a (su nombre) de Informática por orden de Alcaldía. Comentar esta orden con cada compañero que entre en servicio de puertas”. Esto ya fue el día 3 de julio de 2024. De forma paralela y con anterioridad se ordenó la custodia del subsodicho ordenador por parte de la Dirección General de Protección de Datos, y entró en liza, tras la denuncia, el Cuerpo Nacional de Policía para desgranar su presunto contenido ya que, se dejó entrever, desde el mismo aparato se podía haber emitido información sensible municipal. El asunto tuvo una importante repercusión pública al hablar desde el ayuntamiento de posibles “ilícitos penales”.

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Finalmente, después de no poca parafernalia, en abril de 2025 se cierra el caso penal en el juzgado y se concluye que lo único constatable era una manipulación por parte del funcionario de determinadas entradas y salidas del trabajo a modo de eliminación de fichajes, que se considera una falta leve con amonestación por escrito, en suma, nada que ver con la posible y publicitada operación de espionaje interno y utilización fraudulenta de datos municipales. De hecho, en ningún momento fue ni siquiera requerido para ir a declarar ni en dependencias judiciales ni el juzgado que instruyó la causa. Las medidas provisionales iniciadas el 14 de agosto de 2024 se levantaron el 19 de febrero de 2026 (555 días después), pese a tratarse de una falta considerada leve. Con todo, el funcionario acudió al amparo de la Junta de Personal porque, dice, “las medidas no han sido materialmente levantadas”, por lo que habla de un caso de “hostigamiento” y “acoso laboral” hacia su persona.

El día 24 de marzo pasado, la Junta de Personal del ayuntamiento acordó, por unanimidad, conceder el amparo solicitado por el citado funcionario haciendo expresa mención a la utilización en su día por parte del  gobierno municipal de los datos personales de este trabajador y la incidencia que ello tuvo en los medios de comunicación al verse inmerso en este truculento asunto cerrado, a la postre, con una falta de carácter leve relativa a meras cuestiones de fichaje. El movimiento de la Junta de Personal, pese a haber transcurrido casi tres meses, no ha obtenido respuesta alguna de la concejalía de Personal y, como queda dicho, la vía de los tribunales de justicia sigue abierta para el ‘espía que nunca lo fue’ sin que, por el momento, este asunto acabe de cerrarse por completo.