El Gobierno asturiano estudia la caducidad de la actual concesión para sacar de nuevo a concurso el yacimiento con una empresa «solvente técnica y financieramente», tras reunirse con los trabajadores llegados a Oviedo después de su marcha a pie desde Tormaleo
El conflicto de Mina Miura entra en una nueva fase. El Gobierno del Principado de Asturias anunció este miércoles su intención de acelerar el análisis jurídico necesario para desbloquear la situación de la explotación de Tormaleo, en Ibias, con el objetivo de extinguir la actual concesión minera y volver a licitar el yacimiento a una nueva empresa con capacidad económica y técnica para asumir la actividad. El anuncio se produjo tras la reunión mantenida en Oviedo entre el presidente autonómico, Adrián Barbón, el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, y la plantilla de Mina Miura junto a su representación sindical, apenas unas horas después de que los trabajadores culminasen la marcha reivindicativa iniciada días atrás desde el suroccidente asturiano.
La movilización, que recorrió a pie los cerca de 160 kilómetros que separan Tormaleo de Oviedo, buscaba denunciar meses de impagos salariales y la paralización de la empresa. La llegada de los mineros a la capital asturiana estuvo acompañada por numerosas muestras de apoyo frente a la Junta General del Principado, donde reclamaron una salida inmediata al conflicto. Tras el encuentro, el Ejecutivo autonómico trasladó a los trabajadores que mantiene abiertas varias líneas de actuación, aunque situó como principal opción la revisión legal de la concesión vigente. Según explicó Borja Sánchez, el objetivo pasa por comprobar si existe «encaje jurídico» para declarar la caducidad del permiso actual y volver a sacar el yacimiento a concurso público. El consejero señaló que el Gobierno pretende actuar «con la mayor agilidad posible», aunque insistió en que cualquier decisión deberá contar con plena cobertura legal.
Además, Sánchez recordó que se trata de carbón coquizable destinado a la siderurgia, una materia prima incluida en la lista europea de materiales críticos. Y es que desde el Gobierno asturiano se considera que esa condición refuerza el interés por mantener activa la explotación y aprovechar su potencial económico para una comarca especialmente golpeada por la pérdida de actividad industrial en las últimas décadas.
Meses de impagos acumulados
La crisis de Mina Miura se arrastra desde hace meses. Los trabajadores denuncian retrasos reiterados en el cobro de salarios y pagas extraordinarias, una situación que derivó primero en un encierro dentro de la explotación y posteriormente en la marcha a pie hasta Oviedo. Durante las últimas semanas, el conflicto ha ido escalando en repercusión pública y política. El sindicato SOMA-UGT reclamó una intervención institucional más contundente, mientras diferentes formaciones y representantes locales mostraron respaldo a la plantilla.
Aunque no se fijaron plazos cerrados, el Ejecutivo sí quiso trasladar que el expediente ya estaba siendo analizado con anterioridad y que se intentará acelerar los tiempos para ofrecer una salida cuanto antes. A corto plazo, el foco queda puesto ahora en determinar si la concesión actual puede extinguirse legalmente y si Asturias dispone de margen administrativo suficiente para relanzar una nueva licitación. De esa decisión dependerá buena parte del futuro de la mina, del empleo asociado a ella y de una de las principales reivindicaciones industriales abiertas hoy en el suroccidente asturiano.
