El Principado denuncia que el Ministerio evita analizar la legalidad de la prórroga hasta 2050 mientras crecen las críticas políticas y sociales sobre la AP-66
El conflicto en torno al peaje del Huerna entra en una nueva fase judicial. El Gobierno del Principado de Asturias ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la negativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a revisar la prórroga de la concesión de la autopista AP-66, principal conexión entre Asturias y la Meseta. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha criticado que el Ministerio haya rechazado la solicitud sin entrar “en el fondo del problema”, limitándose a argumentar que ha transcurrido demasiado tiempo desde la aprobación de la prórroga. “No se analiza si es legal o no, que es lo realmente importante”, ha señalado.
Desde el Ejecutivo autonómico se defiende que la cuestión sigue plenamente vigente, ya que la ampliación de la concesión -aprobada en el año 2000- comenzó a aplicarse de forma efectiva en 2021, cuando finalizaba el periodo original. Esta decisión extendió el peaje hasta el año 2050, lo que, según el Gobierno asturiano, continúa teniendo un impacto directo sobre ciudadanos y empresas. “El peaje supone un sobrecoste permanente y afecta a la competitividad de Asturias”, ha afirmado Calvo, quien insiste en que no se trata de un debate jurídico abstracto, sino de una situación que condiciona la movilidad diaria de miles de usuarios.
En este contexto, el Consejo de Gobierno ya había aprobado en noviembre de 2025 iniciar acciones legales para solicitar la nulidad del real decreto que permitió la prórroga. El recurso ante el Supremo busca ahora que se analice en profundidad la legalidad de esa decisión. De forma paralela, la Consejería ha remitido requerimientos formales tanto al Ministerio como a la concesionaria Aucalsa. En ellos, se reclama la adopción de medidas inmediatas para mejorar las condiciones del servicio, incluyendo la revisión de las tarifas, la posible suspensión temporal del peaje o la aplicación de bonificaciones a los usuarios.
Por su parte, la Unión de Consumidores de Asturias ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de estafa continuada. Entre los argumentos expuestos figuran el cobro íntegro del peaje pese a las obras en más del 40% del trazado, el incremento de tarifas en 2026 y el retraso en la finalización de las actuaciones previstas. A estas críticas se suma la oposición política. La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha calificado el anuncio del recurso como un “teatro político” y un gesto “tardío”, cuestionando la capacidad del Ejecutivo autonómico para liderar una respuesta efectiva tras años de inacción.
