En medio de un duro debate con la oposición, los votos en contra de Foro y PP, y la abstención de Vox, tumban la propuesta conjunta de Izquierda Unida y Podemos para crear un órgano que evalúe las «deficiencias en la gestión» de la empresa municipal
Todo el compañerismo, la solidaridad entre rivales y la serenidad general mostrados esta mañana en los compases iniciales del Pleno de septiembre, primero del nuevo curso político que se celebra en el Ayuntamiento de Gijón, quedaban hechos trizas menos de dos horas más tarde, en el momento en que caía sobre el tapete la carta de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (EMULSA). La petición conjunta de Izquierda Unida (IU) y Podemos, centrada en la creación de una comisión de investigación para estudiar la situación interna de dicha compañía pública, y evaluar las «deficiencias en la gestión» que, opinan ambos partidos, ocurren en ella, era rechazada con los votos en contra de Foro y PP, y la abstención de Vox. Algo previsible y no excesivamente sorprendente… Salvo por el duro debate en el que las formaciones con representación se enzarzaban en el transcurso del debate. Un tenso cara a cara en el que populares y foristas, por un lado, y las tres fuerzas de izquierdas, por otro, se lanzaron reproches mutuos contra sus respectivas formas de administrar la empresa en sus correspondientes periodos en el poder.
La exposición de razones de la propuesta, hecha por la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, no dejó nada en el tintero. La edil justificó la necesidad de constituir esa comisión investigadora alegando tanto la conocida infrafinanciación de EMULSA, que derivó en pérdidas por valor de más de 7,3 millones de euros a lo largo de tres ejercicios consecutivos, como los presuntos casos de acoso sexual en el seno de la plantilla, referidos por más de la mitad de la misma según recoge un estudio elaborado por Valora Prevención, o el despido improcedente del que Esteba Álvarez, su anterior director técnico. A todo lo anterior sumó Suárez la «excesiva temporalidad» de las contrataciones, un dato que arroja sobre EMULSA la «sombra de la externalización«. El resultado más palpable para los vecinos es un compendio de inconvenientes, como «contenedores a rebosar, malos olores o árboles sin podar«. De ahí la premura para formar la comisión, y garantizar la calidad de «un servicio público que es patrimonio de toda la ciudadanía gijonesa».
Con el tono del debate aún calmado, el concejal al frente de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, rechazó de base la petición. «Dudo que haya nada tan auditado como las cuentas de EMUSLA«, alegó el edil, esgrimiendo los resultados del informe elaborado por la auditora KPMG. Según dicho documento, recordó Pintueles, las reservas económicas de la empresa municipal «alcanzaron su pico, diecinueve millones de euros, en 2020», reduciéndose hasta los casi 11.7 millones actuales en los siguientes tres años, y con otros 8,9 millones en tesorería. Así mismo, Pintueles rechazó categóricamente cualquier posibilidad de externalización global de EMULSA. «Sólo se ha externalizado una actividad concreta, la limpieza de contenedores, por el altísimo absentismo laboral nocturno«, aseguró; sin ir más lejos, y dejando a un lado descansos y vacaciones, «la semana pasada estuvo de baja el 38% de esa plantilla; la anterior, el 30%, y hoy, el 26,9%. Ha habido días en que cuatro de cada diez trabajadores no han acudido a su puesto«. Dinámica que, sin embargo, no ha impedido que «en 2023 EMULSA contase con 682 profesionales, este año hayan subido a 703, y se prevea que alcancen los 735 en 2025».
Bastó la mención a la situación de la plantilla para encender la mecha de la polémica. El socialista Ramón Tuero tomó la palabra para alertar a Pintueles sobre la «mala estrategia» que es «confrontar con los trabajadores, con dudas de absentismo, de si van a trabajar…», y denunció que, en el momento presente, «la empresa está fraccionada, partida en dos a nivel sindical«. Más aún, Tuero advirtió de que «no hay personal de EMULSA en jardines, ni en los colegios, ni en la recogida y limpieza de contenedores», con las lógicas repercusiones sobre un servicio por el que los ciudadanos, con los recientes cambios en la legislación vigente, «van a tener que pagar». De todo ello responsabilizó el socialista «no a la empresa, sino a su gestión» y, en particular, «a su presidencia y al gerente», aprovechando para dirigir sus disparos a la alcaldesa, Carmen Moriyón, acusándola de «casquismo» y trayendo a colación su condena por el Tribunal de Cuentas por uso indebido de fondos de Foro.
Ante ese ataque frontal, la regidora, por alusiones, se encaró con Tuero. «Que no me enrollen, ni me engañen; puede enrollar a su parroquia«, le espetó, rememorando que, en sus dos mandatos precedentes, «EMULSA nunca dio pérdidas; consiguió los más altos porcentajes en las encuestas de satisfacción, junto con las distinciones nacionales, y no hubo ni una huelga«. Visiblemente airada, Moriyón concluyó su participación criticando a Tuero que, «si la forma de gestionar la empresa no le gustaba, haberla corregido», en referencia a los cuatro años de Gobierno de Ana González. Retrotrayéndose a aquellos cuatro años de mandato socialista, «el informe dice que la situación no es buena; es muy mala. Y puede hacer y decir lo que quiera, pero los datos son los que son. Haberle inyectado el dinero necesario para no incurrir en esos malos números«. Fueron las últimas votaciones antes de una votación que dejó enterrada la posibilidad de esa comisión… Al menos, por ahora.