La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática considera que el monumento es una “anomalía” democrática de nuestro país y concluye que la resignificación para neutralizar su mensaje es ineficaz. Apuesta por al retirada del espacio público
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha resuelto favorablemente el expediente de incoación del procedimiento para la inclusión del monumento a los Héroes del Simancas, de Gijón, en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, tal y como ha podido saber este periódico. Ha sido la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, bajo responsabilidad de Fernando Martínez, la que ha considerado la conveniencia de incluir el monumento que rinde homenaje a los soldados que se sublevaron contra la República y la democracia en dicha lista.
La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, contempla la eliminación o resignificación crítica de elementos visibles en el espacio público que impliquen la exaltación del golpe de Estado de 1936, de la guerra o de la dictadura franquista. El monumento a los “héroes” de Simancas entra en el catálogo por varias razones, según informe firmado por la subdirectora general de Divulgación de la Memoria, Almudena Cruz: “Fue erigido por la dictadura franquista para honrar a soldados sublevados del cuartel de Simancas, presentándolos como “héroes, lo que constituye una exaltación de la sublevación militar contra el Gobierno legítimo de la República”.
Además, indica el texto de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, su ubicación “en la fachada de un centro educativo sin contextualización histórica crítica ha sido denunciada por asociaciones memorialistas como una anomalía democrática que mantiene visible un símbolo directamente vinculado al franquismo en la vida cotidiana de estudiantes y vecinos”. También han tenido en cuenta los actos de apoyo al fascismo delante de la escultura de Manuel Álvarez-Laviada, inaugurada el 21 de octubre de 1958.
La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos tuvo acceso a esta resolución y actuó con contundencia contra el monumento del Colegio de La Inmaculada Concepción. El escrito de la Consejería ya desvelaba que la Comisión Técnica sobre Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática había emitido un informe favorable el pasado 11 de marzo, en el que concluía que en este monumento “no concurren razones artísticas o arquitectónicas suficientes para justificar su mantenimiento”. Además, determina que la eventual resignificación mediante “simples elementos interpretativos resulta de eficacia limitada para neutralizar su significado”. Es decir, apuesta por su retirada del espacio público.
Rafa Velasco, de FAMYR, celebra la inclusión y espera que “el Ayuntamiento no ponga trabas ni utilice estrategias torticeras, para subvertir la ley del Principado y la estatal, y a los jesuitas que, por respeto a las víctimas del franquismo, acaten la resolución y, aunque sea como gesto de reparación, no recurran la decisión ante los tribunales”. Con la inclusión, la decisión de la retirada se refuerza con un elemento de seguridad jurídica mayor. Y ante un tribunal, la eliminación del homenaje estará avalada por dos leyes.
Con esta medida, el Simancas pasa a estar en la misma situación que la cruz franquista de Cáceres. El Ayuntamiento de Gijón, que se ha mostrado en contra de la retirada del monumento franquista, podría entorpecer el procedimiento de desmontaje a través de la concesión de la licencia de obra. Los trabajos forenses y la identificación de restos de las criptas del Valle de los Caídos se encontraron en un litigio por la licencia, desde 2023. La licencia permitía habilitar los accesos y el afianzamiento de las criptas para proceder a la exhumación de restos. En aquel caso, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió inicialmente la licencia en junio de 2021, pero en septiembre de 2023, un juzgado de Madrid la anuló. La sentencia fue recurrida por el Gobierno y revocada por el Tribunal Superior, que dio luz verde a las obras en 2025. Es decir, la desaparición del monumento a los golpistas del Simancas podría entrar en litigio, hasta que la justicia lo saque de las calles.
