La empresa pública asturiana ejecutó esos lanzamientos entre 2024 y 2025; desde la Consejería de Vivienda aseguran que en todos los casos se trató de personas con la «voluntad clara» de no pagar la renta, aun teniendo recursos para ello
A lo largo de los años, Viviendas del Principado de Asturias, SA (VIPASA) se ha convertido en una tabla salvavidas para miles de familias asturianas; en la última frontera entre el ‘sinhogarismo’ y la disponibilidad de un techo cuando las cartas de la vida vienen mal dadas. Sin embargo, incluso esa moneda tiene una cruz opuesta a su cara. Tal como trascendía ayer martes, a raíz de una respuesta a preguntas del PP dada por el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, entre 2024 y 2025 la empresa pública autonómica ejecutó un total de 36 desahucios, cifra que equivaldría, aproximadamente, a la mitad de las 84 solicitudes de lanzamiento presentadas entre ambos ejercicios. Ahora bien, el propio Zapico aclaraba inmediatamente después de ofrecer el dato que en todos los casos se trató de personas con la «voluntad clara» de no pagar la renta estipulada, aun cuando disponían de recursos suficientes para hacerlo con holgura.
Bajando un poco más al detalle, y siempre tomando como referencia la información facilitada por el aludido, en el primero de esos dos años se registraron 47 demandas; de ellas, 40 estuvieron motivadas por la falta de pago, cinco más por uso precario, y las dos restantes, por ‘okupaciones’ irregulares. Más humildes fueron los resultados obtenidos en 2025, ejercicio en que ‘solo’ hubo 37 demandas de desahucio, a razón de dieciocho por impago, quince por ‘okupación’ y tres por uso precario. Ni qué decir tiene que todos los casos estuvieron acompañados por el preceptivo informe redactado por los Servicios Sociales del Principado, un requisito imprescindible a tenor de que, como acotó Zapico, «no queremos consentir actos que busquen menoscabar lo público». Basten como ejemplos los casos en lo que convergieron una casuística real de imposibilidad de impago, y una «mínima colaboración» por parte de los inquilinos. En tales situaciones los afectados siguieron, y siguen, residiendo en los pisos.
«Nadie queda fuera de una vivienda de VIPASA por una cuestión económica», aseguró ayer el consejero, tratando de anticiparse a las posibles críticas lanzadas desde las filas de la oposición. E igualmente tajante se mostró al tratar el espinoso asunto de los garajes de VIPASA que permanecen inutilizados, dinámica para cuya solución el titular de Vivienda abogó por hacer «una reflexión» ante los cambios en los modos de movilidad. A ese respecto, el aludido llegó a plantear la posibilidad de que «construir plazas asociadas a vivienda no sea lo más adecuado»; por ello, instó a todos los grupos políticos representados en la Administración asturiana a tomar conciencia de la importancia de evitar que infraestructuras públicas como estas «permanezcan inutilizadas».
