El Pleno retira la retribución a Oliver Suárez, pero la oposición advierte: la «chapuza» del ‘caso Divertia’ acaba de empezar

PSOE, IU, Podemos y Vox insisten en la necesidad de que Moriyón dé explicaciones y garantice la transparencia, mientras gana fuerza la solicitud de una Comisión de Investigación, y se alerta de una escalada hasta el Juzgado «al mínimo indicio de delito»

Foro, por su parte, se defiende aduciendo la «ejemplaridad» de su labor, afeando a los ediles de las restantes fuerzas que no planteasen sus dudas en el Consejo de Administración, y anunciando el encargo de una auditoría sobre los contratos

Ya está. Se acabó. El último nervio oficial que conectaba al concejal no adscrito Oliver Suárez con la presidencia de Divertia –cargo que ostentaba hasta su cese, decretado por la Alcaldía el pasado 23 de julio– ha quedado cortado este lunes, en el Pleno ordinario de agosto. Con una unanimidad lograda con el voto del aludido, la Corporación ha revocado las competencias que ostentaba Suárez, privándole, por descontado, de la retribución aparejada a ellas, fruto de su dedicación al puesto del 80%, y que ascendía a un total de 52.342,46 euros brutos anuales. Sin embargo, el paso dado hoy no significa que el conocido como ‘caso Divertia’ -que estalló tras saberse de la adjudicación de dos de las actuaciones del ciclo ‘Los Conciertos del Parque’ sin pasar por el Consejo de Administración de la empresa de festejos- haya terminado. Todo lo contrario. Si algo ha evidenciado la sesión plenaria es el malestar que impera entre la oposición municipal ante una gestión de la crisis tachada de «chapuza», «esperpento» y ejemplo de «trilerismo», y la voluntad de esas mismas fuerzas críticas de llegar hasta donde sea necesario –incluso, a instancias judiciales– para que el Gobierno de Foro dé las explicaciones debidas. Un Gobierno, por su parte, que insiste en su transparencia y en su «ejemplar» gestión de la crisis, y que este miércoles anunciará el encargo de una auditoría sobre los contratos de Divertia para determinar el alcance del que ya se perfila como uno de los escándalos más polémicos de este mandato.

Ya durante la fase de votación de la revocación se dispararon las primeras salvas contra la alcaldesa, Carmen Moriyón, y su equipo, sin que ninguna de las fuerzas críticas escatimase munición. La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, inauguraba el turno de justificación del voto puntualizando que su conformidad con la retirada de la retribución «no significa que estemos de acuerdo con la forma chapucera en que se está haciendo esto». Y ni el cese de Oliver Suárez, ni el del gerente de la empresa, Fernando Losada -que también se materializará este miércoles, durante el Consejo de Administración de la entidad- bastan para paliar la gravedad de un asunto cuyo alcance real aún es desconocido. «Queremos explicaciones de qué ha ocurrido, y por qué», ha exigido Olaya Suárez, recordando, como ya adelantase días atrás, que su grupo «pedirá en el próximo Pleno una Comisión de Investigación». Minutos después su homólogo de IU, Javier Suárez Llana, iba un paso más allá; con ambos partidos decididos a elevar a la Fiscalía del Principado hasta quince contratos firmados por Divertia durante los últimos tres años, advertía de que «iremos al Juzgado al más mínimo indicio de delito». En el fondo está el afán de trazar el grado de implicación en la crisis del conjunto del Ejecutivo, y de la propia Moriyón. «Hoy el suyo es un Gobierno bajo sospecha, que debe muchas explicaciones a los gijoneses», le ha afeado Suárez Llana, acusando a la regidora de ser «la responsable política de las ilegalidades cometida en la empresa», toda vez que fue ella quien encumbró a Oliver Suárez a la presidencia de Divertia en octubre de 2023, tras la expulsión de Vox del tripartito.

Si las dos formaciones anteriores centraron sus intervenciones en las irregularidades propiamente dichas, Vox impregnó su andanada de un carácter más personal. En apariencia todavía dolida por la «traición» que supuso el abandono del partido por parte de Oliver Suárez en octubre del 23, y su conversión en concejal no adscrito para poder presidir Divertia, Sara Álvarez Rouco ha vuelto a aquel momento, criticando a Moriyón por haber confiado entonces «en un señor controvertidamente incapacitado para implicarse en actividades políticas y empresariales» para asegurarse una mayoría suficiente en el Pleno. Y es que, a su juicio, «una vez se ha aprovechado de este señor, se deshace de él sin miramientos; lo malo es que hubo por medio conspiraciones, traiciones y un juego de intereses completamente alejado de lo que debería ser la defensa de los intereses de los gijoneses». A ese supuesto ‘juego’ ha hecho referencia la edil del Grupo Municipal Socialista Carmen Eva Pérez Ordieres; convencida de estar ante «otro episodio esperpéntico de este mandato», la edil ha enumerado como pruebas que «se puso al frente de Divertia a un concejal que no tenía la condición de consejero; se nombró a un gerente que no contaba con la confianza del Consejo de Administración, y se alteró la composición de este último órgano, sumando tres miembros para garantizarse la mayoría». Dicho de otro modo por Ordieres, «se han retorcido los límites democráticos como nunca en la historia de este municipio», y se ha contraído «una deuda con los gijoneses» que Foro «no va a poder pagarla ni con todo el oro del mundo».

¿Cuál ha sido la reacción del partido a la cabeza del Gobierno para defenderse de tamañas andanadas? Lo cierto es que en esa primera fase del Pleno, la de la justificación del voto a favor de la revocación, la defensa planteada por Foro ha sido escasa… De hecho, se ha reducido a un escueto apunte de Jesús Martínez Salvador, concejal de Festejos y sustituto de Oliver Suárez al frente de Divertia, para aclarar que el importe de las contrataciones objeto de la polémica todavía no se ha abonado. Esa estrategia ha cambiado en el turno de preguntas, momento que Vox aprovechó para registrar varias cuestiones acerca del caso. Cuánto sabía el área de Festejos sobre lo que sucedía en la empresa, por qué no se aplicaron antes los mecanismo de control, hasta qué punto las de Suárez y Losada son salidas pactadas, o el grado de implicación de actores ajenos a Divertia -como el gabinete de prensa de Alcaldía, señalado por Vox como influyente en la toma de decisiones- han sido algunas de las dudas ‘disparadas’ por Rouco. Ante ellas, Martínez Salvador se ha limitado a repetir la versión oficial del Ayuntamiento: que el descubrimiento de los dos contratos críticos ocurrió mientras se preparaba el presupuesto del año próximo, que el 13 de julio se encargó un informe a la Secretaría General para confirmar o desmentir la existencia de irregularidades, que de inmediato se paralizaron los pagos y que, dada la gravedad de las conclusiones del informe, se optó por el cese del presidente, primero, y del gerente, días después.

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Sí ha habido, no obstante, una novedad en las palabras del nuevo presidente de Divertia: el adelanto de que este miércoles, en la sesión del Consejo de Administración prevista para ese día, «anunciaré el encargo de una auditoría de los contratos de la empresa», valiéndose para ello de las competencias adquiridas de manos de Oliver Suárez. También ese día, ha continuado, todos los partidos dispondrán de una copia del informe realizado por Secretaría de Alcaldía, una demora de tiempo que se acumula a la ya acumulada en estas jornadas transcurridas desde el estallido del escándalo, y que no ha convencido a los concejales en la oposición. Pero, sobre todo, Martínez Salvador ha tratado de defenderse a sí mismo, a Moriyón y a Foro afeando a esos mismos ediles críticos que, «cuando la presidencia llevó los conciertos al Consejo de Administración, no hubo un solo consejero entre ustedes que realizara observación o pregunta respecto a cachés o condiciones y, tras las actuaciones, nadie consultó al respecto». Una falta de reacción con la que el concejal forista ha intentado silenciar las críticas a la ausencia de control municipal sobre las decisiones de Divertia, y que, ha concluido Martínez Salvador, quedaría invalidada toda vez que «algunos consejeros deberían preguntarse si hicieron el trabajo por el que cobran».