El Principado declara Cimavilla y La Arena zonas tensionadas y abre la puerta a una intervención en el mercado del alquiler

La medida, que tendrá una vigencia inicial de tres años y podrá ser prorrogada, prevé acciones como la contención de precios, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada, y el refuerzo de iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda habitual

Hace algo más de catorce meses, en el Pleno ordinario de marzo de 2025, las tres fuerzas que componen la oposición de izquierdas en Gijón -PSOE, IU y Podemos- se echaban las manos a la cabeza ante el repentino giro de timón hecho por Foro y PP, partidos en el Gobierno. De forma sorpresiva, ambas fuerzas se posicionaban en contra de designar Cimavilla y La Arena zonas de mercado residencial tensionado, pese al galopante aumento de los precios, hasta que se consensuase una línea de acción con el Principado. Pues bien, con o sin dicho consenso, el Ejecutivo autonómico ha hablado… Y ha sido claro. Porque este mismo lunes el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la declaración de esos dos barrios gijoneses como zonas tensionadas, acordada mediante resolución el 14 de mayo. La medida pone a ambas áreas a la altura de las llaniscas Llanes y Nueva, y de Arenas y Po, en Cabrales, al abrir la puerta a una posible intervención de la Administración asturiana para regular el mercado y poner coto a los abusos que, de un tiempo a esta parte, se vienen registrando.

Con tres años por delante para ponerla en práctica, que podrán ser prorrogados si las circunstancias así lo imponen, la medida -que, en esencia, reconoce la existencia de un desequilibrio serio entre oferta y demanda- centrará esfuerzos y recursos en tres frentes principales: la contención de precios del alquiler, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada, y el refuerzo de iniciativas pensadas para favorecer el acceso a la vivienda habitual. Así, por ejemplo, el precio de los contratos a firmar a partir de ahora quedará topado, sin poder superar el importe del acuerdo anterior. Paralelamente, los grandes tenedores tendrán que limitar el precio de sus inmuebles al índice oficial de referencia establecido por el Gobierno, mientras que se favorece a los pequeños propietarios que accedan a reducir importes, por medio de deducciones fiscales y ajustes ventajosos del IRPF. En cuanto a los inquilinos, la declaración de zonas tensionadas les permite prorrogar anualmente el importe de su contrato de arrendamiento hasta tres años.

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