El consejero Ovidio Zapico traslada a la Secretaría General de Consumo y Juego la intención de ilegalizar la venta de tales productos a los menores de dieciséis años, una norma que comenzará a redactarse en el primer trimestre de 2025
La liebre saltaba en Galicia a finales del año pasado: en un anuncio casi tan aplaudido como criticado, el Gobierno de la Xunta anunciaba su intención de ilegalizar el consumo de bebidas energéticas entre niños y adolescentes, además de regularizarlo para las restantes franjas de edades. Una respuesta regional a la preocupación por los efectos nocivos que tales productos tienen sobre los más jóvenes… Y que, tras haber seducido a otras comunidades e, incluso, al propio Ejecutivo nacional, en 2025 encontrará su réplica en Asturias. Tal como ayer miércoles confirmaba ante los medios el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, el Principado pondrá en vigor una ley autonómica que prohíba el consumo de tales bebidas a los menores de dieciséis años. Su intención ya ha sido comunicada a la Secretaría General de Consumo y Juego.
«La previsión es contratar una asistencia técnica en el primer trimestre del próximo año para redactar la nueva ley», matizaba Zapico, principal artífice de la que es, en esencia, la respuesta del Ejecutivo autonómico a la creciente preocupación de «los médicos, los docentes y los padres con los que nos hemos reunido todo este año». Esos colectivos han comunicado una y otra vez al Gobierno asturiano su inquietud por «los efectos y la facilidad de acceso de los niños y niñas» a los productos de esa clase. De hecho, la comunidad médica ha alertado a menudo de que las bebidas energéticas, tomadas en edades tempranas, pueden derivar en irritabilidad, insomnio, cefaleas, ansiedad, o falta de concentración; eso, sin contar las potenciales patologías metabólicas y cardiovasculares, y que irían desde la taquicardia hasta el aumento de la presión arterial. Efectos nocivos todos que, sin embargo, no han impedido que la demanda de tales sustancias se haya disparado desde hace años, especialmente en temporadas de exámenes o en contextos de ocio nocturno.
Por el momento, proseguía ayer Zapico, la primera ronda de contactos con los colectivos afectados ha permitido reunir un alto grado de consenso. «El respaldo logrado es obvio», asegura el consejero, pues todos ellos «entienden la necesidad de actuar para preservar la salud de los niños y niñas asturianos». Eso sí, por el momento, y dado el estado embrionario de dicha acción, se desconoce qué clase de sanciones se impondrán a los consumidores y vendedores en caso de infringir la norma. En el caso de Galicia, la Xunta puso sobre la mesa multas de hasta 3.000 euros para los niños y adolescentes que violasen la ley, cuantía que ascendía a los 600.000 euros en el caso de los comercios que incurriesen en tal incumplimiento.
