El Ejecutivo da carpetazo a la sugerencia lanzada por la diputada Covadonga Tomé, aunque recuerda que sigue trabajando en la ley autonómica que posibilitará otorgar ayudas a las familias de fallecidos en accidentes laborales, y que incluirá a los cinco mineros
No habrá adelanto de las indemnizaciones a los familiares de los cinco mineros que, en marzo de 2025, perdieron la vida en la mina de Cerredo, y del sexto que tres años antes, en agosto de 2022, sufrió allí el mismo destino. Al menos, no por el momento. Tal como ha acordado este martes el Consejo de Gobierno de Asturias la propuesta, lanzada hace días por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, resulta inviable a consecuencia de las «enormes dudas legales» que plantea a los técnicos autonómicos. De hecho, según ha detallado el socialista Guillermo Peláez, portavoz del Ejecutivo, el grueso de esos ‘pero’ se circunscriben al ámbito competencial, al no tener el Principado capacidad para actuar en el ámbito de la Seguridad Social, una tarea que está en manos del Estado. Por si fuese poco, en palabras de Peláez, de realizar el citado adelanto se podría vulnerar el principio de igualdad consagrado en la Constitución, dado que dichos adelantos irían dirigidos exclusivamente a un colectivo, el de los mineros, y no a la totalidad de siniestros laborales.
De ese modo, cae en saco roto la pretensión de Tomé de acelerar el pago de lo debido a los allegados de las seis víctimas mortales. No obstante, eso no significa que el Gobierno se quede de brazos cruzados. El mismo Peláez ha recalcado que la Administración autonómica sigue trabajando en la redacción de una ley regional que cubra la concesión de ayudas a las familias de víctimas mortales en el trabajo. Una norma que, en el momento en que entre en vigor -en una fecha aún por determinar-, tendrá carácter retroactivo hasta 2025, por lo que sí cubrirá a los cercanos a los cinco mineros fallecidos el año pasado, aunque no a los de Enrique R. M., muerto en 2022. La previsión es que el montante alcance los 70.000 euros por unidad familiar, y se abonarán mediante transferencias de crédito. «Somos conscientes de que la siniestralidad laboral es el problema y ahí es donde queremos poner el foco», ha zanjado el portavoz del Ejecutivo asturiano.
