Guillermo Peláez apela a cumplir de la legalidad vigente por parte de las demás comunidades españolas; Sumar Asturies exige poner a disposición de esa causa «todos los recursos posibles», mientras Vox afirma tener el apoyo del PP en su rechazo a la medida

La grave crisis desatada la semana pasada tras el masivo cruce de la frontera ceutí el jueves no solo ha dejado más de un centenar de muertos, decenas de miles de devoluciones a Marruecos y una polarización social aún más intensa de lo que ya estaba… También obliga a plantearse una pregunta capital: ¿qué hacer con todos esos menores sin tutores identificados o presentes -entre más de 500 y un millar, según las fuentes consultadas- que continúan bajo el cuidado de las autoridades ceutíes? La cuestión ha prendido un nuevo foco de tensiones entre las distintas fuerza del espectro político nacional. Sin embargo, el Gobierno asturiano lo tiene claro. En declaraciones hechas esta mañana desde la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), el titular de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha expresado la voluntad del Principado de acoger temporalmente a parte de dichos menores. Una postura que, ha matizado el propio consejero, no solo responde al lógico, necesario y obligatorio cumplimiento de la legislación vigente; también supone cumplir con lo que ha calificado como «un imperativo ético y moral» que debería estar fuera del debate político en todas las regiones.
Las declaraciones de Peláez llegaban poco después de que el portavoz del Movimiento Sumar Asturies y diputado de Convocatoria por Asturies en la Junta General, Xabel Vegas, reclamase al Ejecutivo autonómico que active «todos los recursos posibles» para atender a los menores no acompañados que permanecen en Ceuta. El dirigente de Sumar enmarcó la situación en una «crisis humanitaria» y advirtió de que «un país decente no puede tolerar la imagen de niños y niñas durmiendo en la calle en una situación de absoluta desprotección». Además, también instó al Partido Popular a desmarcarse de esas posiciones y reclamó a su presidente en Asturias, Álvaro Queipo, que aclare si quiere situarse «del lado de la moderación o del lado del extremismo ultraderechista».
En el lado opuesto del debate se situó el diputado asturiano y secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, quien aseguró que el Partido Popular mantiene en las comunidades autónomas donde gobierna en coalición con Vox una posición contraria al reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta. «El Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer: repartirlos no, devolverlos ya a Marruecos», afirmó, insistiendo en que el traslado a la península únicamente retrasa ese proceso. El dirigente de Vox sostuvo además que la situación difiere de la vivida en 2024, cuando la distribución de menores provocó la ruptura de los gobiernos de coalición entre PP y Vox en varias comunidades, al entender que el actual sistema de reparto responde a un marco normativo distinto. Asimismo, anunció que su formación recurrirá a todas las acciones judiciales que considere oportunas si finalmente se lleva a cabo el reparto de menores entre las comunidades autónomas.