La afectada, de 72 años y con discapacidad, fue engañada por falsos empleados del banco que tomaron el control de su móvil mediante AnyDesk y realizaron una transferencia que nunca autorizó
El Tribunal de Instancia nº 3 de Avilés ha condenado al Banco Santander a devolver 30.000 euros a una clienta de 72 años víctima de una estafa digital. La sentencia, impulsada por la Unión de Consumidores de Asturias, considera que la entidad no adoptó medidas suficientes ante una operación que se alejaba de forma evidente del comportamiento habitual de la usuaria. La mujer, clienta del Santander desde hacía más de 20 años, utilizaba su cuenta principalmente para cobrar su pensión y afrontar gastos cotidianos. Según recoge la sentencia, apenas realizaba operaciones bancarias y, cuando necesitaba hacer una transferencia, acudía personalmente a la sucursal.
Los estafadores contactaron con ella haciéndose pasar por un gestor del banco. La llamada se produjo después de que la mujer contratara un fondo de inversión con una empleada de la entidad y los delincuentes disponían de datos sobre su relación bancaria. Durante el engaño, la convencieron para instalar AnyDesk, una aplicación que permite el acceso remoto a un dispositivo. A través de este sistema, los delincuentes tomaron el control del teléfono y realizaron diversas operaciones, entre ellas una transferencia de 30.000 euros. La afectada descubrió el movimiento al día siguiente, cuando acudió a la sucursal para actualizar su libreta.
El banco rechazó inicialmente devolver el dinero y alegó que la transferencia era irreversible, sin embargo, el juzgado considera que la operación presentaba varios elementos que debieron activar controles adicionales: se trataba de un importe elevado, realizado por vía digital por una clienta que nunca había utilizado ese canal para ordenar pagos y que, además, presentaba una situación de especial vulnerabilidad. La resolución descarta que la mujer actuara con negligencia grave. El tribunal considera que la instalación de la aplicación se produjo dentro de una estrategia fraudulenta cuidadosamente diseñada para generar confianza y que los delincuentes utilizaron el control remoto para crear la apariencia de que era la propia clienta quien realizaba las operaciones. Por ello, el Santander deberá reintegrar los 30.000 euros, además de los intereses legales desde la reclamación extrajudicial y las costas del procedimiento.