La resolución del Gobierno asturiano llegó tras un siniestro mortal en una mina sin autorización para extraer carbón
La crisis abierta tras el accidente de la mina de Cerredo vuelve a intensificarse. El informe de la Inspección General de Servicios, que señala graves fallos en el control del Servicio de Minas, ha reavivado las exigencias de responsabilidades políticas al Gobierno de Adrián Barbón. Los sindicatos han elevado el tono: desde SOMA-FITAG-UGT reclaman “certezas” para las familias y una investigación “exhaustiva, transparente y rápida”, mientras que desde CCOO apuntan directamente a Enrique Fernández y critican la “mala praxis” en la Consejería de Industria. La presión sindical y política sigue creciendo ante unas conclusiones que cuestionan la gestión de los últimos años.
Cerredo pone en relación la actividad de empresas privadas vinculadas al empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como ‘Chus Mirantes’, con la posterior intervención pública para la restauración ambiental de estas explotaciones.
Rodríguez Morán, que adquirió en 2021 los derechos mineros de la explotación en el marco del proceso concursal de la compañía Astur Leonesa, estuvo al frente de la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl). Posteriormente, la titularidad de la explotación pasó a manos de Blue Solving, sociedad en la que figuraba como propietario su hijo.
En este contexto, antes del verano de 2022 se produjo un primer accidente mortal en la mina de Cerredo, con el fallecimiento de un trabajador y otro herido de gravedad. El suceso, que sigue bajo investigación judicial, tuvo lugar en una instalación que posteriormente sería objeto de sanción por parte del Principado de Asturias al constatarse que no contaba con autorización para la extracción de carbón.
Fue después de este accidente, ya en septiembre de 2022, cuando el entonces consejero de Industria, Enrique Fernández, firmó la resolución vinculada a la concesión de ayudas públicas destinadas, entre otros fines, a la restauración de espacios mineros degradados. De este modo, la actuación administrativa se produjo en un momento en el que ya se había registrado al menos un siniestro mortal en la explotación, una circunstancia que ha cobrado especial relevancia a la luz de los acontecimientos posteriores.
Tres años después, en marzo de 2025, un nuevo accidente en la misma explotación, ya bajo la gestión de Blue Solving, provocó la muerte de cinco operarios leoneses, reabriendo el debate sobre la seguridad en este tipo de instalaciones y el control administrativo sobre su actividad. En el marco de la comisión de investigación abierta en el Parlamento asturiano, Rodríguez Morán optó por acogerse a su derecho a no declarar.
Mientras estos episodios se sucedían, la Administración autonómica avanzaba en paralelo en la planificación de la restauración ambiental de varias explotaciones mineras degradadas, entre ellas la de Cerredo. En este sentido, el Gobierno del Principado de Asturias formalizó una subvención global de 73,7 millones de euros procedente del Estado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinada a la rehabilitación de zonas afectadas por la minería del carbón.
Estos fondos se distribuyen entre tres grandes proyectos: Buseiro (Tineo), Cerredo (Degaña) y Tormaleo (Ibias). La ejecución de las actuaciones fue encargada a la empresa pública TRAGSA, considerada medio propio de la Administración, con el objetivo de acelerar los trabajos y cumplir con los plazos fijados por la Unión Europea.
La resolución que articula uno de estos encargos, firmada por Enrique Fernández, subraya la necesidad urgente de intervenir en estos espacios debido a los riesgos ambientales y de seguridad derivados del abandono o deterioro de las instalaciones. Asimismo, destaca que la restauración debe completarse antes de mayo de 2026 para poder justificar la inversión ante las autoridades europeas.
«Claro que se extraía carbón»
En este contexto, Rodríguez Morán, ha defendido públicamente su actuación en declaraciones a La Nueva España. Por primera vez, reconoce de forma expresa que en la explotación “claro que se extraía carbón”, aunque matiza que dicha actividad estaba vinculada a labores auxiliares: “Para poder acceder a trabajar hay que limpiar, y al limpiar se retira carbón y se arrastra arcilla”. En esta línea, insiste en que no se realizaban tareas fuera de lo autorizado y enmarca la retirada de mineral como una consecuencia inevitable de los trabajos logísticos dentro de la mina. Su abogado, Óscar Arconada, refuerza esta tesis al subrayar que el carbón “sigue allí”, negando cualquier comercialización del mismo y cuestionando que pueda acreditarse lo contrario en la investigación. Sobre el accidente mortal de marzo de 2025, que costó la vida a cinco trabajadores, Rodríguez Morán lo califica de “extraño” y asegura no tener “nada que esconder”, valorando que la Guardia Civil continúe con las pesquisas. En materia de seguridad, sostiene que siempre veló por sus empleados y apunta a que el detector de grisú llegó a activarse, comparando la situación con una alerta mecánica que no siempre deriva en un siniestro. Sin embargo, los atestados incluyen testimonios que señalan posibles deficiencias, como la presencia de detectores apagados o la utilización de objetos prohibidos en el interior de la explotación. El empresario también resta importancia al informe de la Inspección General de Servicios sobre el Servicio de Minas, del que afirma no tener conocimiento, mientras su defensa pone en duda sus conclusiones y cuestiona la ausencia de responsables administrativos investigados en la causa.
Cocaína en cargamentos ocultos
A esta situación judicial se suma además otra causa de gran calado que afecta al empresario. Rodríguez Morán se sentó recientemente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Alicante en el marco del conocido como ‘caso Alibavaria’, una investigación de la Guardia Civil iniciada en 2014 que le vincula con una presunta operación de tráfico de drogas a gran escala. Según la Fiscalía, formaría parte de una trama que habría introducido en España cerca de 390 kilos de cocaína ocultos entre cargamentos de carbón a través del puerto de Gijón, con un valor estimado de unos 13 millones de euros en el mercado negro. El Ministerio Público solicita para él diez años de prisión por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsedad documental, además de una multa millonaria. La causa, que llevaba años paralizada, ha sido reactivada coincidiendo con las investigaciones abiertas tras el accidente de Cerredo.
