Los trabajadores alertan de pérdida de control, expedientes que caducan y millones que se dejan de ingresar
Representantes sindicales del Ayuntamiento de Gijón han elevado el tono de sus críticas hacia la situación interna de la administración local, a la que acusan de sufrir un progresivo “proceso de descomposición organizativa” como consecuencia de la mala gestión de los recursos humanos. Según estas fuentes, el deterioro actual es el resultado de una acumulación de decisiones durante más de diez años que han debilitado de forma estructural el funcionamiento municipal.
El origen de este declive, sostienen, se remonta a la segunda etapa de gobierno de Foro Asturias, cuando se produjo el cese de la responsable de Recursos Humanos, una decisión que califican de “arbitraria” y que, a su juicio, marcó un antes y un después en la organización interna. Desde entonces, explican, la jefatura del servicio de personal ha sido ocupada de forma temporal por distintos perfiles sin la experiencia suficiente para gestionar una administración compleja como la gijonesa.
En este sentido, subrayan que el puesto, que históricamente correspondía a una funcionaria de carrera del grupo A1 con formación jurídica y amplia trayectoria, está actualmente desempeñado por una técnica de nivel A2 procedente de otra administración pública. Para los sindicatos, este cambio refleja una pérdida de exigencia en los perfiles y ha contribuido a una gestión “deficiente” que ha terminado por afectar al conjunto de los servicios.
Las críticas adquieren mayor relevancia si se tiene en cuenta que Gijón fue durante años un referente en modernización administrativa. El Ayuntamiento fue pionero en Asturias —y uno de los primeros en España— en implantar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ajustada a derecho, una herramienta clave para ordenar la estructura municipal. También lideró la implantación de la carrera profesional entre su personal y desarrolló un modelo descentralizado de atención a la ciudadanía mediante centros municipales integrados en los barrios. “Durante años fuimos un ejemplo a seguir; otras administraciones venían a estudiar nuestro modelo de gestión”, recuerdan.
Sin embargo, esa evolución se habría frenado en seco. “Desde entonces no solo hemos dejado de avanzar, sino que hemos retrocedido”, lamentan. Entre los problemas más graves que identifican figura la elevada temporalidad en los puestos de responsabilidad. Denuncian que una parte significativa de las jefaturas de servicio están cubiertas en comisión de servicios, en muchos casos por personal procedente de otras administraciones que carece de conocimiento del funcionamiento interno del Consistorio.
Esta circunstancia, advierten, resulta especialmente preocupante en una ciudad de más de 270.000 habitantes, sujeta a la normativa específica de grandes municipios, que exige un alto grado de especialización y experiencia en la gestión pública.
A ello se suma la existencia de vacantes prolongadas en puestos clave. Según las fuentes sindicales, hay jefaturas que permanecen sin cubrir durante años, lo que provoca una parálisis en la toma de decisiones y un deterioro progresivo de los servicios. Uno de los ejemplos más significativos es el del área de consumo. La jefatura de este servicio estuvo más de un año vacante tras ser rebajada a categoría de sección, lo que permitió reducir los requisitos del puesto.
El resultado, aseguran, ha sido una pérdida notable de eficacia. Mientras que en 2009 se atendieron más de 18.600 consultas, se tramitaron más de 1.500 expedientes sancionadores y se realizaron más de 650 arbitrajes, en 2025 apenas se registraron algo más de 3.300 consultas y unos 130 expedientes. Estos datos, que salieron a la luz en un pleno municipal a raíz de una pregunta de la concejala Sara Álvarez Rouco, son calificados por los sindicatos como “ridículos” para una ciudad del tamaño de Gijón.
La falta de personal afecta también a áreas especialmente sensibles como la inspección urbanística. Según denuncian, muchos de estos puestos están cubiertos de forma temporal o directamente vacantes desde hace meses. Como consecuencia, numerosos expedientes sancionadores abiertos tras denuncias vecinales acaban caducando sin tramitarse.
Esta situación, advierten, tiene un efecto directo sobre el cumplimiento de la normativa, ya que parte de la ciudadanía opta por no solicitar licencias al conocer la falta de control. “Se están dejando de ingresar millones de euros en tasas e impuestos como el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras)”, alertan.
Los sindicatos también cuestionan la distribución de recursos dentro del Ayuntamiento, al considerar que se están priorizando determinados servicios frente a otros más básicos. Aunque reconocen la importancia de áreas como Igualdad, critican que cuenten con estructuras amplias, como una Dirección General, mientras otros departamentos esenciales carecen de personal suficiente para funcionar con normalidad.
Otro de los puntos más controvertidos es el ocurrido recientemente en el servicio de Educación. Las fuentes sindicales califican de “hecho sin precedentes” el anuncio del concejal Jorge Pañeda sobre el cese de la jefa de servicio por supuestos incumplimientos. Según sostienen, las acusaciones son “completamente falsas” y, además, consideran irregular que el departamento de personal haya tramitado una decisión que, a su juicio, no se ajusta a derecho. El caso, aseguran, acabará previsiblemente en los tribunales.
El malestar interno se extiende también a servicios como el de atención a la ciudadanía, donde denuncian una gestión “arbitraria” de los recursos humanos. Entre otras cuestiones, señalan traslados injustificados entre centros, cambios de turno impuestos e incluso la obligación de trabajar en distintos equipamientos en la misma jornada. Esta situación estaría provocando que muchos funcionarios de carrera eviten optar a estos puestos cuando se ofertan.
Por último, alertan de problemas similares en organismos autónomos como el Patronato Deportivo Municipal y diversas fundaciones municipales. Según indican, se están ampliando servicios sin reforzar las plantillas, recurriendo en algunos casos a empresas privadas para cubrir puestos estructurales. En otros, denuncian situaciones contradictorias, como la asignación de tareas externalizadas a personal propio.
“Los servicios municipales sobreviven por inercia”, concluyen las fuentes sindicales, que reclaman una revisión urgente de la política de personal y de la organización interna del Ayuntamiento. De no adoptarse medidas en un plazo razonable, advierten, las consecuencias podrían agravarse en los próximos años y afectar de forma directa a la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.
La actual gestión de personal en este Ayuntamiento revela disfunciones estructurales de carácter sistémico que comprometen de forma directa la eficacia y calidad de los servicios públicos. Se aprecia una reiterada desviación de poder en la adopción de decisiones, en la que la necesaria discrecionalidad técnica ha sido desplazada por criterios de oportunidad ajenos a las necesidades organizativas reales de la institución.
Resulta particularmente preocupante el flujo constante de incorporaciones procedentes de otros municipios —como es el caso de Avilés—, cuya idoneidad no aparece sustentada en una memoria justificativa comparativa basada en los principios de mérito y capacidad. Esta práctica no solo erosiona la exigible transparencia, sino que quiebra de forma efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso y promoción dentro de la función pública, generando una percepción fundada de arbitrariedad.
Asimismo, se constatan irregularidades relevantes en el ciclo de provisión de puestos de trabajo. Tras la identificación y convocatoria de vacantes críticas, estas no llegan a cubrirse de forma efectiva conforme a las necesidades detectadas. En su lugar, cuando la persona inicialmente seleccionada para dichas plazas no resulta finalmente adscrita —o se pretende evitar su desvinculación—, se procede a la creación ex novo de un puesto diseñado a medida, ajustado a su perfil concreto y al margen de una justificación funcional objetiva o de un encaje real en la estructura organizativa.
Esta dinámica desvirtúa el propio proceso de provisión y consolida una práctica de asignación personalizada de puestos ajena a criterios organizativos generales.
El resultado es una doble ineficiencia presupuestaria: por un lado, las vacantes verdaderamente necesarias permanecen sin cubrir, afectando al funcionamiento ordinario de los servicios; por otro, se destinan recursos públicos a financiar estructuras paralelas cuya utilidad operativa para la ciudadanía resulta, cuando menos, cuestionable.
Este contexto genera un escenario sostenido de inseguridad jurídica y agravio comparativo, con efectos especialmente lesivos sobre el capital humano interno. La postergación sistemática del personal propio —pese a su acreditada competencia y cumplimiento de requisitos— está provocando una desmotivación creciente, una pérdida de confianza en los mecanismos de promoción y un deterioro progresivo del clima laboral.
En este marco, resulta inaplazable la adopción de medidas correctoras que restablezcan el rigor en la gestión de recursos humanos, alineando los procesos con criterios objetivos, verificables y orientados al interés general. De no abordarse con carácter inmediato, el riesgo de degradación estructural del servicio público y de pérdida de talento interno se consolidará de forma difícilmente reversible.