La propia organización ya denunció la presencia de aguas fecales en la principal playa gijonesa, acción que obligó a prohibir el baño en la mitad del arenal los días 22 y 23 de junio
Convertido ya en un problema intermitente en la icónica playa de San Lorenzo, la presencia en sus aguas y arena de distintas formas de contaminación a vuelto a movilizar a la organización no gubernamental FACUA Asturias. Y, esta vez, no han sido las trazas de aguas fecales, sino la presencia de grandes manchas de carbón la que este miércoles ha llevado a sus miembros a exigir al Ayuntamiento explicaciones y, sobre todo, soluciones. Máxime a tenor, afirman desde la entidad, de la sorpresa que tales balsas negruzcas han suscitado entre vecinos y turistas en los últimos meses.
Ya en 2020 el Consistorio gijonés aseguró a FACUA estar pendiente de recibir un estudio de investigación del Instituto Nacional del Carbón, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para la caracterización petrográfica de las partículas depositadas. De ese modo, habría sido posible determinar el, origen exacto de las manchas y, con ello, ponerles coto y exigir responsabilidades. No obstante, apuntan desde la organización, hasta la fecha ni el Ejecutivo de Ana González, ni el de Carmen Moriyón «han informado a esta asociación, ni consta que lo haya hecho públicamente, de las conclusiones de dicho informe».
En consecuencia, FACUA Asturias ha exigido explicaciones por estos sucesos, y ha trasladado «la creciente preocupación ciudadana ante esta situación, ya que se trata de un hecho que reviste especial gravedad por verse comprometida la higiene de la costa, con el consecuente riesgo para la salud que conlleva para los usuarios y bañistas». Todo ello, por no hablar de su impacto medioambiental, ni de su carácter reiterado. Porque ya en junio la propia entidad denunció la presencia de materia fecal en las aguas, lo que obligó a prohibir el baño entre las escaleras 12 y 15 los días 22 y 23 de ese mes. Una tesitura que también se produjo en 2019, prueba, a juicio de FACUA, de que «no se destinan suficientes recursos, medios y personal para atajar la contaminación».
