Ferreira sacude el debate de la vivienda en Asturias: «La vivienda protegida no protege si no se construye»

El empresariado asturiano se une para hablar de vivienda. El vicepresidente de la Cámara propone una «memoria de oferta» para conocer el impacto real de cada nueva medida

«El acceso a la vivienda no se logra gestionando la escasez, sino reduciéndola». Con esta premisa, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, ha defendido la necesidad de que Asturias avance hacia un marco político, económico y administrativo que permita incrementar de manera efectiva la oferta residencial.

Ferreira participó en los Cursos de La Granda en una mesa de análisis centrada en los retos y propuestas para garantizar el acceso efectivo a la vivienda, uno de los problemas que más protagonismo ha ganado durante los últimos años tanto en Asturias como en el conjunto de España.

Durante su intervención, el vicepresidente de la Cámara puso el foco en la necesidad de medir las políticas públicas por sus resultados concretos y no únicamente por la producción normativa. «El éxito de una política de vivienda no se mide por las normas que aprueba, sino por las viviendas que consigue producir, rehabilitar y poner a disposición de los ciudadanos», señaló.

Uno de los puntos centrales de su planteamiento se refiere a la vivienda de protección oficial (VPO). Ferreira reclamó un módulo económico que tenga en cuenta el coste real de construcción y permita que los proyectos sean viables. Frente a medidas puntuales o anuncios aislados, defendió la necesidad de establecer unas condiciones estables que favorezcan el desarrollo de nuevas promociones.

«La vivienda protegida no protege si no se construye», resumió Ferreira, poniendo el acento en la distancia que puede existir entre los objetivos anunciados por las administraciones y su materialización en nuevas viviendas disponibles.

Una «memoria de oferta» para cada nueva medida

Entre las propuestas planteadas durante su intervención figura la creación de una denominada «memoria de oferta». Ferreira propone que cada nueva medida política o normativa relacionada con la vivienda vaya acompañada de un análisis que permita conocer de antemano su impacto sobre el mercado.

Ese documento debería cuantificar cuántas viviendas permitirá generar la medida, en qué plazos, con qué costes y qué obstáculos administrativos contribuirá a eliminar. El objetivo sería introducir indicadores concretos que permitan evaluar posteriormente la efectividad de cada iniciativa.

El vicepresidente de la Cámara amplió además el debate más allá del componente estrictamente social de la vivienda para situarlo también en el terreno económico. A su juicio, disponer de una oferta residencial suficiente constituye un elemento fundamental para la competitividad y el futuro del territorio.

«Sin vivienda no hay talento, inversión, ni desarrollo territorial», advirtió. La dificultad para encontrar vivienda a precios asumibles puede convertirse, según este planteamiento, en un obstáculo para atraer trabajadores, facilitar la implantación de empresas o fijar población.

Ferreira defendió así un cambio de enfoque en el debate asturiano: frente a una política centrada fundamentalmente en intervenir sobre una oferta limitada, apuesta por crear las condiciones necesarias para ampliar el parque disponible, tanto mediante nueva construcción como a través de la rehabilitación y puesta en uso de viviendas.

Una filosofía que condensó en una idea: el problema de acceso no puede resolverse únicamente repartiendo una oferta insuficiente, sino aumentando el número de viviendas disponibles.

En la misma jornada de los Cursos de La Granda, la presidenta de FADE, María Calvo Carvajal, coincidió en situar el aumento de la oferta como una de las claves para afrontar el problema de la vivienda en Asturias. Calvo defendió que no se trata únicamente de una cuestión social o urbanística, sino de una «infraestructura económica» y un factor de competitividad para atraer inversión y talento y facilitar que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto profesional en la región. Entre las medidas planteadas señaló la movilización de vivienda vacía, la rehabilitación, la transformación de oficinas y locales cuando resulte viable, una mayor seguridad jurídica para el alquiler, la agilización de licencias, el aumento del suelo finalista, la colaboración público-privada y la revisión del impacto de la fiscalidad. «La demanda no es nuestro enemigo. Nuestro reto es anticiparnos y ser capaces de generar la oferta necesaria para atenderla», resumió.