El concejal Pelayo Barcia busca que la aplicación o no recaiga en el próximo mandato de forma que los ciudadanos decidan en la urna
El concejal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón Pelayo Barcia ha anunciado este viernes que llevará al próximo Pleno Municipal una Proposición al objeto de que «la fecha de prohibición general de estacionamiento de vehículos sin distintivo ambiental en las plazas de las áreas de estacionamiento regulado, se aplace hasta, al menos, el 1 de julio de 2023, cuando ya haya un nuevo mandato.
Barcia ha explicado que esta prohibición, recogida en el apartado tercero de la disposición transitoria primera de la Ordenanza de Movilidad sostenible de Gijón, está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2022, en tres meses, según una nota de prensa de Foro.
Entre otras cosas, ha incidido en que cuando se presentó el borrador de la Ordenanza de Movilidad para iniciar su tramitación, «el escenario económico y social era bien distinto al actual», ha advertido.
El edil, si bien ha reconocido que cuando surgió la pandemia de la COVID-19 algunas prohibiciones se pospusieron, cree que aún no se ha vuelto a la situación previa que había en 2019.
Por este motivo, ha defendido el retraso que proponen, ya que, por un lado, contribuiría a que los gijoneses puedan recuperarse de la crisis actual y, por otra, que la ciudadanía decida en las urnas si quiere que el nuevo Gobierno que asuma la Alcaldía en 2023 apliquen o no esa medida.
También ha recalcado que ha habido una caída de venta de vehículos, por lo que, según él, no se han reducido los vehículos sin distintivo de la DGT como esperaba el Gobierno. Sin contar que la crisis económica y la falta de microchips está produciendo que, incluso, en 2021 se estén vendiendo menos vehículos que en 2020, cuando ya se produjo una reducción de ventas del 33%.
Barcía ha apuntado que en Gijón sigue habiendo entre 30.000 y 40.000 vehículos que no podrán aparcar, a los que hay que sumar los que diariamente vienen de fuera. El edil ha opinado que no es el mejor momento para obligar a miles de gijoneses a que paguen en parkings, pudiendo aparcar por menos precio, o incluso gratis, en superficie.
Además, ha afirmado que en la ciudad hay falta de aparcamientos disuasorios «prometidos», como tampoco se ha convocado la línea de subvenciones por valor de, al menos, 100.000 euros al año, para la renovación de vehículos con distinto ambiental.
A esto ha añadido que, a menos de tres meses, no hay ninguna información pública sobre la prohibición de aparcamiento. «A diferencia de la obligación del uso del casco en patinetes, sobre la cual el Ayuntamiento emitió unos pocos folletos, creemos que esta prohibición es de tal calado que no vale simplemente con imprimir unos carteles y unos folletos, sino que hay que hacer algo de mayor difusión y a estas alturas del año ya no da tiempo», ha defendido.
Otros argumentos usados por Foro son la falta de personal de la ORA para realizar las labores de control; la falta de homogeneización legal, que podría reducir el número de visitantes y dañar la actividad comercial en el centro de la ciudad, según Barcia, y la falta de concordancia legal, al no ser obligatorio exhibir el distintivo de la DGT hasta el 1 de junio de 2022.
También ha apuntado a la alta de un Plan de Movilidad y de reformas en el servicio público de transporte, la falta de seguridad jurídica, al ser una normativa recurrida en los tribunales por dos partidos políticos, uno de ellos Foro.
