Pese a la posibilidad de incurrir en prevaricación, la principal fuerza en el Ayuntamiento insiste en que conceder licencias de obra «es nuestra competencia», mientras el partido en la oposición acusa a Zapico de caer en el «revanchismo ideológico»
Ya estaba tan tensa que su siseo, metafóricamente, casi podía oírse, pero la cuerda que separa al Principado del Ayuntamiento de Gijón y de Vox en lo concerniente al futuro del monumento ‘Héroes del Simancas’ se tensionaba un poco más este viernes. Y el nuevo tirón ha provenido, lógicamente después de lo ocurrido este jueves, de los contendientes municipales. Porque si ese día la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos alertaba a la ciudad de que incumplir el mandato que ordena la retirada de la polémica obra – cosa que podría hacerse, simplemente, no emitiendo a la Compañía de Jesús la licencia de obra necesaria para ello- podría equivaler a cometer prevaricación, tanto Foro, principal fuerza en el Gobierno local, como el partido en la oposición reaccionaron ayer afeando dicha advertencia, reivindicando sus respectivas competencias y acusando a quienes emitieron la orden de estar practicando un juego ideológico improcedente y lesivo para los intereses de la urbe.
Por parte del Ejecutivo gijonés fue el director del Gabinete de Alcaldía y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, quien encabezó la nueva ofensiva contra el consejero Ovidio Zapico. «Las competencias para aprobar el catálogo municipal y para dar licencias de obra son del Ayuntamiento», le recordó Fernández-Paíno. Más aún, el representante municipal rebatió las afirmaciones de que la protección solo incluye la iglesia del Colegio de la Inmaculada, y no el ‘Simancas’; a su juicio, el monumento también «goza de protección», aunque no precisó si, en la situación actual y mediando una resolución del Principado, el catálogo urbanístico tiene capacidad legal para imponerse. «Son disquisiciones jurídicas demasiado profundas», se defendió Fernández-Paíno. Lo que sí hizo ayer fue tratar de desviar el tiro alegando que las normas urbanísticas que rigen la concesión de licencias de obra «son las mismas que prevén la construcción de 2.000 viviendas en Jove», como parte del proyecto EcoJove, y que el conejero, «por razones seguramente ideológicas, no quiere desarrollar». En todo caso, sugirió al Principado revisar el expediente que aprobó «en un tiempo récord», y teorizó con que Zapico «sabrá si procede a hablar de prevaricación, o lo que tiene que hacer es revisar los procedimientos de su Consejería».
Si el tono utilizado por Fernández-Paíno ya fue severo, el desplegado por la portavoz local de Vox, Sara Álvarez Rouco, resultó, directamente, expeditivo. La edil -y, a la sazón, diputada en la Junta General- no dudó en acusar al Principado de «utilizar el sectarismo ideológico para atacar un conjunto escultórico protegido, y abrir un nuevo episodio de revanchismo político contra el patrimonio gijonés». Como el representante de Foro, Rouco se escudó en la presencia de la escultura en el catálogo municipal para justificar su preservación. «Estamos hablando de una pieza protegida y vinculada a autores de enorme relevancia patrimonial», aseveró, añadiendo a la lista de supuestas garantías el La ley Cultural autonómica, la de Patrimonio Histórico Español e, incluso, el artículo 46 de la Constitución Española. Finalmente, la líder gijonesa de Vox detalló que, en la semana y media que lleva activa, su campaña de recogida de rúbricas en contra de la retirada «ya se acerca a las mil firmas», lo que, según su parecer, prueba que «muchos ciudadanos no están dispuestos a permanecer callados mientras el Gobierno de Barbón intenta borrar parte de nuestra historia y del patrimonio asturiano».
