Abel Junquera descarta dar carpetazo al nuevo documento, y recuerda a los socialistas sobre las enmiendas planteadas al texto original, que «tuvieron la oportunidad histórica de aplicarlas» cuando gobernaron, pero «prefirieron no hacer nada»
Las cosas, como son: que las fuerzas políticas representadas en el Pleno de Gijón se pongan de acuerdo en algo es algo tan inusual que, cada vez que tal cosa ocurre, merece un titular. Sin embargo, el último gran debate abierto en la escena política local está a años luz de alcanzar dicho consenso… Desde que, a comienzos de semana, el concejal de Atención a la Ciudadanía, Distritos, Participación, Mercados y Consumo, Abel Junquera, del PP, presentase el nuevo modelo de Reglamento de Participación Ciudadana, la izquierda gijonesa ha desenvainado sus sables y se ha lanzado a la carga contra un texto que, opinan sus detractores, oscila entre la obsolescencia prematura y los errores de concepción. Tanto es así, que el PSOE ha anunciado su intención de presentar varias enmiendas para corregir lo que entienden como «deficiencias», mientras que IU y Podemos han abogado, directamente, por la retirada del texto. No obstante, de poco parece estar sirviendo todo eso… Junquera, hoy por hoy, parece decidido a resistir, a ignorar las demandas de sus opositores en el Pleno, y a convertir su criatura teórica en una realidad operativa.
«No existe ninguna intención de retirar este proyecto; Gijón no puede seguir instalado en el inmovilismo, después de casi veinte años con un reglamento que ya no responde plenamente a la realidad social, tecnológica y participativa de la ciudad», sentenciaba el jueves Junquera, dando carpetazo a la pretensión de las dos formaciones a la izquierda del PSOE. Y es que, a juicio del edil, el nuevo documento recoge un buen puñado de avances respecto al vigente, empezando por el reconocimiento de la participación individual, como añadido al rol tradicional del tejido asociativo local. Paralelamente, se prevé crear una plataforma de participación digital específica, y aplicar estrategias para acabar con la denominada ‘brecha digital’; también se fijan máximos y mínimos para garantizar un respaldo social suficiente y representativo. No obstante, la gran novedad, defienden desde el PP, es la regulación expresa de los Presupuestos Participativos, dotándolos de «un marco jurídico permanente que garantiza su continuidad y desarrollo futuro», y fijando «porcentajes rígidos de inversión dentro de la propia norma». El resultado, concluía esta semana el edil, es «un reglamento más moderno, más abierto, más inclusivo y mejor adaptado a la realidad de la sociedad gijonesa del siglo XXI».
Como se ha dicho, nada de todo lo anterior ha seducido a la izquierda gijonesa. Este miércoles, tras conocerse el contenido del futuro reglamento, los portavoces de IU, Javier Suárez Llana, y de Podemos, Olaya Suárez, comparecían para solicitar la retirada de un texto que, a su parecer, contiene «numerosos errores» y «no aporta ninguna novedad», a fin de que vuelva a ser revisado por la Comisión de Reglamentos. A ese respecto, ambos partidos presentaron un total de 51 enmiendas -veintidós IU, 31 Podemos-; la mayoría de ellas, referentes a corregir fallos de forma, pero otras, centradas en aspectos funcionales, como la posible creación de un Consejo de Ciudad, la fundación de una Escuela Municipal de Participación Ciudadana, o la inclusión de la Asamblea Ciudadana Municipal como mecanismo de rendición de cuentas. En cualquier caso, para esas agrupaciones el resultado esgrimido por Junquera es «totalmente impresentable», indigno de ser «presentado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA)», y lastrado por el hecho de no contar con la implicación ni del movimiento vecinal, ni de la oposición.
Tampoco el PSOE se quedaba atrás esta semana, presentando otras diecinueve enmiendas para tratar de mejorar un proyecto que «nace obsoleto, mantiene la estructura del anterior y no es innovador; ni mas inclusivo ni mas participativo». Así se pronunciaba el edil Jacobo López, apuntalando el argumento lanzado por IU y Podemos referente a la ausencia de la oposición en la confección del documento. «Se dijo que se nos llamaría, y no se hizo», afeó López. Por lo que concierne a sus enmiendas, pretenden perfilar flecos como clarificar la titularidad del derecho de participación de todos los ciudadanos a partir de los dieciséis años, y menores en caso de procesos que les afecten; rebajar los porcentajes de población que marcan la participación, pasando del 10% actual a un 1% en las recogidas de firmas, o reducir al 2% la población necesaria para la elaboración de normas municipales y para solicitar el inicio de un proceso de audiencia pública, subiendo al 3% en caso de querer impulsar una consulta popular. En cuanto a los presupuestos participativos, la demanda socialistas es que la ciudadanía decida, una vez por mandato, los proyectos en los que se quiere invertir, teniendo capacidad para decidir el destino de, al menos, un 15% de las inversiones municipales, y reservando una parte para que decidan los distritos.
¿Va el PP a prestar atención a algo de todo esto? Pues, a primera vista, aunque Junquera accedió el jueves a revisar las enmiendas, y considerar la aplicación de las viables, «en el mismo clima de diálogo y consenso que ha presidido todo el proceso de elaboración del texto», el titular del área aprovechó para censurar a la izquierda que «tuvo la oportunidad histórica de aplicar todas las exigencias que ahora plasman en sus enmiendas» cuando ostentaba el Gobierno de Gijón , pero «prefirió no hacer nada». Y terminó planteando la posibilidad de que «lo que molesta a la izquierda es que vaya a ser el Gobierno de Foro y PP el que vaya a liberalizar la participación y a devolver la voz directamente al ciudadano independiente».
