La aprobación del segundo ‘decreto ómnibus’ y, con ella, el mantenimiento de la suspensión de los desahucios en casos de vulnerabilidad echa leña a la desesperación en un colectivo con las manos atadas para recuperar sus viviendas, y que aún no ha percibido compensaciones del Principado

La historia de Silvia Viniegra y Nacho Suárez podría haberse parecido a la de tantos otros miles de pequeños propietarios inmobiliarios. Cuando, hace ya más de una década, este matrimonio decidió a poner en alquiler una de sus dos viviendas, un coqueto piso ubicado en el barrio gijonés de La Calzada, esperaban tener que afrontar, si acaso, los problemas ordinarios de un arrendamiento común: una caldera averiada, un grifo goteante, tal vez alguna que otra humedad ocasional… Así, al menos, debería haber sido. Ni en sus peores pesadillas Suárez y Viniegra llegaron a imaginar que la que en otro tiempo fue su primera residencia de casados pasaría a engrosar la cada vez más larga lista de domicilios ‘okupados’… O ‘inquiokupados‘, por recurrir a cierto palabro de uso creciente y que imprime al drama la precisión que merece. Porque, en su caso, no hubo mazos o palancas de metal, ni puertas o ventanas forzadas, ni allanamiento alguno. Simplemente un mal día, en enero de 2022, la que hasta entonces había sido su inquilina dejó de pagar la renta, logró el amparo administrativo que proporciona la consideración de persona en situación vulnerable… Y hasta ahora. Comenzaba así un lento desgaste anímico y emocional, acelerado por la inacción de la Justicia y por la falta de ayuda por parte de las Administraciones. Un calvario al que la aprobación del segundo ‘decreto ómnibus’, con su prórroga de la suspensión de los desahucios en escenarios de vulnerabilidad ha dado la puntilla. «Era la última esperanza que teníamos de recuperar nuestra casa pronto. Ahora… ¿Qué vamos a hacer? ¿Volver a la casilla de salida?», se preguntan ambos, desolados.
El de Suárez y Viniegra es sólo uno de los varios ejemplos de ‘inquiokupación’, cerca de setenta según sus responsables, que la Plataforma de Propietarios de Viviendas en Alquiler en Asturias tiene registrados en este momento en todo el Principado. Una cantidad pequeña si se considera que, a principios de 2024, un estudio elaborado por la Fundación Alquiler Seguro cifraba en casi 25.000 los casos anuales detectados en todo el territorio nacional, con Cataluña a la cabeza. Porque el de la ‘inquiokupación’, u ‘okupación’ discreta y sigilosa, ejecutada por medio del impago progresivo y la búsqueda de protección en las Administraciones, es un fenómeno complejísimo, poliédrico, erizado de aristas tan sensibles como la verdadera falta de recursos, el puro y simple afán de ahorro, la lentitud de los procesos de desahucio, las limitaciones de la normativa vigente e, incluso, aseguran en la Plataforma, el crimen organizado. De todo hay en este pintoresco escenario, y no es fácil trazar un perfil promedio. «Nos encontramos con familias que realmente, en un momento, no han podido seguir pagando y no han querido irse a la calle con sus hijos, pero abundan más otros casos: los de gente que, pudiendo pagar, no quiere hacerlo, y que, aunque sigue viviendo ahí, pasa la patata caliente a los dueños. Porque, claro, alguien tiene que pagar la comunidad, las facturas, las derramas… Eso, para cualquiera, es un mazazo», afirma Jaime Acevedo, portavoz de la Plataforma.
Esa última fue la situación que les sobrevino a Suárez y Viniegra. A punto de traer al mundo a su segundo hijo, decidieron trasladarse a un piso mayor y arrendar el de La Calzada para ayudar a costear la hipoteca del nuevo. Una primera experiencia de alquiler a una amiga dio buenos resultados, y durante la siguiente década la vivienda fue aprovechada por cierta pareja llegada de Tremañes, con el contrato a nombre de su parte masculina. Todo fue bien hasta que, de súbito, la relación sentimental se rompió, el hombre se marchó y quedaron en el piso la mujer, su madre y su hijo. «Empezamos con buena predisposición: pasamos el contrato a su nombre, accedimos a poner a su hijo como avalista cuando falleció su madre, le rebajamos el alquiler cien euros para que pudiese pedir la ayuda del Ayuntamiento…», relatan. Fue entonces cuando comenzaron los retrasos en los pagos, las mensualidades incompletas y otros problemas, hasta que hace exactamente tres años «nos pagó treinta euros, y no supimos más». Tras aguardar un tiempo prudencial, acudieron a la vía judicial; una sentencia inicial, dictada en julio de 2023, fijó fecha de desahucio, al haber sido rechazada la primera petición de vulnerabilidad, pero pasado el verano, y después de varios meses de demoras burocráticas, la inquilina logró que dicha condición se le reconociese.
«Llevamos encontrándonos casos así, amparados en el Real Decreto Ley 11/2020, desde la pandemia», explica Acevedo. Fue en aquellos días sombríos, con el coronavirus segando vidas por miles como una guadaña en un campo de trigo, cuando el Gobierno tomó la decisión de suspender los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. «La medida tuvo su lógica de aquella; no es agradable encontrarte sin poder sacar de la casa que has conseguido trabajando y ahorrando a alguien que no paga, pero bueno… Estábamos como estábamos, y todo el mundo debía ayudar. Pero ahora, que en Moncloa, en el Principado y hasta en el Ayuntamiento dicen que la economía va como un cohete… ¿Qué sentido tiene mantenerla?«, se pregunta el portavoz de la Plataforma. Y el peligro ya no es sólo el impacto negativo individual que ese escenario pueda tener, sino el efecto llamada que, interpreta Acevedo, puede ejercer. «Nos consta que están proliferando mafias que falsifican nóminas y otros documentos para ‘colarnos’ a ‘inquiokupas’ como si fuesen inquilinos normales, y eso es porque desde los Gobiernos se lanza un mensaje peligroso: que puedes llegar a quedarte en una casa sin pagar nada, porque ya lo harán los dueños por ti«, reflexiona.

Alfredo Alonso y María Amalia Coto tienen cuantificado el coste económico que para sus bolsillos está teniendo dicho mensaje: 27.227,56 euros. Ese es el dinero que este matrimonio veterano, felizmente casado desde hace más de medio siglo, lleva gastado en mantener la vivienda que tienen en propiedad en un tercero de la calle Caveda, en pleno centro de Gijón… Y que lleva la friolera de siete años ‘inquiokupado’. A las puertas de cumplir 80 años, Alonso recuerda, emocionado, que «en aquel piso vivieron mis padres; empecé a alquilarlo cuando tuve que llevarlos a la residencia, para pagarla, y siempre fue bien, pero ahora… Mira». Un ‘mira’ que acompaña al dedo tembloroso con el que señala la carpeta que sostiene, y en la que tiene detallados, año por año, los desembolsos que ha tenido que hacer para cumplir con la ley… Pese a no poder ni siquiera acceder a la vivienda. «Fue lo mismo de siempre: los que están ahora, que son padre e hija, empezaron a dejar de pagar, la pandemia lo paralizó todo, hace cuatro años hubo juicio y sentencia de lanzamiento… Y, entonces, se les declaró vulnerables es intocable«, cuenta con resignación Coto. Junto a ella, su marido lamenta el poco margen entre la caída del primer ‘decreto ómnibus’ y la aprobación del segundo: menos de una semana. «Mira que al día siguiente de que no saliese el primero fui al abogado, a ver si podíamos empezar otro juicio, pero no sé si habrá dado tiempo a que haya otro juicio. Y, encima, nadie nos está ayudando con nada. El elemento que diseñó estas leyes nos ha abandonado«.
Claro que, sobre el papel, eso no es exactamente así. El texto del decreto, si bien blinda a quienes están en situación vulnerable y no tienen un domicilio alternativo, también fija un nuevo sistema público de avales y garantías, a cargo del Estado, para compensar a los propietarios en casos de impago o deterioros. La idea no es nueva; en junio de 2021 la Junta General del Principado aprobó su primera línea de compensaciones parciales a propietarios y arrendadores afectados por impagos, programa que se ha ido prorrogando año tras año. ¿Dónde está el problema? En que ese dinero está llegando tarde… Cuando llega. «Aquí el Gobierno autonómico, como el de otras comunidades, se plantó y decidió que no pagaba nada que se recuperase la vivienda«, asegura Jaime Acevedo. Una sentencia un tanto radical, pero avalada por lo debates que en la Junta General se han sucedido llamando a una mayor celeridad en el abono de las compensaciones. Sin embargo, no parece que esas buenas intenciones se hayan traducido en hechos. «En diciembre, en pleno debate presupuestario, fuimos a hablar con el PSOE, pedimos que se habilitase de una vez una partida para estas situaciones… Y nos dijeron que no había dinero común para costearlo. ¿Cómo puede ser eso posible, cuando las cuentas de este año son mayores que las del anterior?«.
Esa misma pregunta es la que se hacen cada día Salvador Zapico y Leonor Morales. En noviembre de 2019, tras varias decepciones y una larga reflexión, ambos se decidieron a iniciar el procedimiento para desahuciar a la inquilina que ocupaba su segundo piso en propiedad, un cuarto situado en la calle Pizarro, en El Cerillero. «Nos costó, no vamos a decir lo contrario, pero es que no pagaba nada; ni el alquiler, ni la luz, ni el agua… Pero, cuando empezamos el proceso, la reconocieron como vulnerable, y todo se paró. Y eso que, nos enteramos después, ella y sus dos hermanas habían vendido un piso que tenía en La Calzada por 100.000 euros, que se repartieron entre las tres…«, cuenta, indignado, Zapico. Desde entonces, su historia ha resultado ser muy similar a la de los afectados anteriores, aunque con algunos matices peculiares. Por ejemplo, en su vivienda de El Cerillero sí se han registrado destrozos, particularmente en la puerta de entrada y la del buzón, ambas con claros signos de haber sido forzadas. «Está denunciada por todos lados: a la Policía, al Ayuntamiento, a Servicios Sociales y a la Consejería de Industria, porque lleva tres años sin pasar la revisión del gas, pero nadie hace nada«, protesta Morales, que asegura que ella y su marido «nos levantamos cada día con dieciséis de tensión. Y, encima, ahora hay que pagar una derrama de 18.000 euros para reparar la fachada. ¿De dónde los vamos a sacar, si las compensaciones no llegan, y los dos estamos jubilados?«.
Los efectos de ser víctima de ‘inquiokupación’ también son palpables en el caso de Luz María Méndez. De rostro amable, trato agradable y voz tenue, su faz queda cubierta por una pátina de tristeza cuando se le pregunta qué está sucediendo en su piso de El Llano; tanto le afecta que su hijo, Guillermo Román, se acerca prudentemente a ella y la toma del brazo. «Tenemos la suerte de llevar sólo un año así; en la Plataforma hay quienes llevan mucho más«, se consuela, antes de iniciar el relato de un drama que comenzó tres meses antes de esa fecha, cuando su inquilina, que reside con sus dos hijos, y que a lo largo del año anterior no había dado problemas, empezó a demorarse en los pagos… Hasta que, directamente, dejó de abonarlos. «Ya nos había dicho que ella y el mayor de sus hijos, que tendrá unos treinta años, trabajaban en ‘negro’ para que no les quitasen las ayudas, pero no no esperábamos esto», admite Méndez. De nuevo, el sistema o no actuó, o no lo ha hecho con la suficiente premura. «Me he visto atrapada: mujer, con hijos, vulnerable… Entiendo su situación, pero esto me quita la vida; la Navidad fue horrible. Las Administraciones parecen protegerla, y ella misma me confesó que hasta su trabajadora social le había dicho que ni se le ocurriese pagar nada«, detalla. Incapaz de continuar, su hijo le toma el relevo, y añade que «mi madre se ha marchitado por la angustia y la impotencia, porque, además, los vemos a diario; es como si te roban el coche, lo estacionan delante de tu casa y el Estado te dice que no sólo no puedes recuperarlo, sino que, encima, tienes que pagarle al ladrón la plaza de aparcamiento». Al oír eso, Méndez aún saca fuerzas de flaqueza para sentenciar que «se le quitan a uno las ganas de alquilar. ¿Cómo hacerlo, cuando estamos tan desprotegidos?«.

Si los de Zapico y Morales, y Méndez y Román son casos indignantes, el de Lucinio Pérez resulta, directamente, grotesco. Al fin y al cabo, que un ‘okupa’ consiga expulsar de la vivienda al inquilino regular, con el que ha estado conviviendo hasta ese momento, no es algo que se vea todos los días… Esa mala suerte fue la que, hace un año y nueve meses, le cayó encima a este humilde trabajador de 75 años, jubilado tras una larga vida profesional en el sector de la construcción. «Estando soltero había comprado una vivienda en El Coto; cuando me casé, nos trasladamos a otro piso que tenía ascensor, pusimos el antiguo en alquiler… Y nos salió rana«, comparte. Una ‘rana’ que saltó de la charca el día en que su alquilado «metió en casa a un segundo chaval; y mira que le dije que no me gustaba, pero decidí aguantar un poco. A los cinco meses mi inquilino me pidió que le ayudase a echarlo, que le daba problemas… Y, el día del juicio, que, encima, se paró, fueron los dos juntos». A día de hoy, Pérez no sabe por qué razón se detuvo el proceso. Lo que sí sabe es que, al poco, su alquilado salió de la vivienda y, al regresar, se encontró la cerradura cambiada, y a su compañero atrincherado dentro. Desde entonces, «cada vez que voy no me abre la puerta, y le estoy pagando todo, porque como el propietario soy yo… Ni siquiera sé cómo lo tiene por dentro«. Un trago amargo que le ha decido a no volver a recurrir al alquiler en el momento futuro, aún incierto, en que recupere el control de su propiedad. «O se lo doy a mi hijo, o lo vendo, pero… ¿Alquilarlo? ¿Después de esto? Ni de broma. Que luego se quejen de que no hay mercado de arrendamiento…«.
Testigo auditivo de todos los testimonios previos, Jaime Acevedo, portavoz de la Plataforma de Propietarios de Viviendas en Alquiler de Asturias, se frota la nuca y niega con la cabeza. «El día que se anunció que el primer ‘decreto ómnibus’ no se aprobaba, la esperanza que nos dio a todos fue… Uf… Un shock. Mira lo que ha durado…«, resopla. Quizá casos como el de Alfredo Alonso y María Amalia Coto, que aprovecharon los seis días de lapso entre decretos para intentar reactivar el desahucio, proporcionen alguna alegría a sus representados pero, en general, la sensación general es equivalente a la caída de un jarro de agua fría. Por ello, Acevedo y los suyos vuelven a pedir, como tantas otras veces desde su constitución en 2021, una intervención inmediata de las Administraciones, bien modificando las condiciones y acelerando el pago de las compensaciones prometidas, bien cambiando los criterios que determinan quién es vulnerable, y quién no. Los mismos que pueden consultarse al detalle en este enlace, y que, a juicio de los integrantes de la Plataforma, están en la raíz de esta asfixia. «Ya ves… Estamos un poco cansados de que nos pinten como los malos de la película. No somos grandes tenedores, ni fondos de inversión; sólo somos pequeños propietarios que hemos trabajado mucho para tener una segunda vivienda y que, ahora, nos vemos acorralados. ¿No merecemos también nosotros un poco de empatía?«.