La Asociación de Vecinos Alfonso Camín denuncia que el proyecto vuelve «a la casilla de salida» y exige un calendario y presupuesto concretos
La Asociación de Vecinos Alfonso Camín de La Calzada ha mostrado su «hartazgo e indignación» ante el nuevo revés que afecta al desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña, una infraestructura considerada fundamental para aliviar el paso del tráfico pesado por la zona oeste de Gijón. El colectivo vecinal califica la situación de «falta de respeto y vergüenza» y reclama actuaciones concretas a las distintas administraciones implicadas.
La reacción llega después de conocerse el rechazo del estudio ambiental presentado para el proyecto y la necesidad de realizar una evaluación ambiental ordinaria. Una circunstancia que vuelve a dejar en el aire, a juicio de los vecinos, una alternativa que permita sacar parte del tráfico pesado del entorno urbano de La Calzada.
«Que después de más de un año de tramitación se vuelva a la casilla de salida exigiendo una evaluación ambiental ordinaria es la gota que colma el vaso», denuncia la entidad, que sostiene que esta infraestructura acumula «casi una década de parches y promesas rotas».
La asociación recuerda que la primera piedra de este tramo se colocó en 2017 y relaciona el nuevo retraso con los problemas que durante los últimos años han rodeado las soluciones planteadas para mejorar los accesos al puerto de El Musel. Tras lo ocurrido con el vial de Jove, los vecinos lamentan que el proyecto de la GJ-10 vuelva a encontrarse con dificultades administrativas.
Uno de los principales argumentos de la asociación está relacionado con las consecuencias que esta situación tendría para La Calzada. Según denuncia, la ausencia de una alternativa por Aboño o mediante la propia GJ-10 provoca que el tráfico de mercancías vinculado al puerto continúe utilizando la avenida del Príncipe de Asturias.
La entidad sostiene que por este eje circulan diariamente numerosos vehículos pesados junto a viviendas, colegios y parques. «No estamos hablando de meros trámites de despacho; hablamos de la salud y la vida de la gente de La Calzada», advierte.
Los vecinos denuncian además que llevan «décadas tragando polvo, humo y ruido» y vinculan los problemas ambientales que padece la zona oeste con la presencia del tráfico portuario dentro del casco urbano. También alertan del riesgo que, a su juicio, supone la convivencia permanente entre vehículos pesados, coches particulares y peatones.
«No queremos lamentar una desgracia para que alguien decida moverse», señala el comunicado.
Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Alfonso Camín dirige sus reivindicaciones a las diferentes administraciones. Al Ministerio para la Transición Ecológica le pide que la tramitación ambiental no termine provocando una prolongación indefinida de los plazos. Al Ministerio de Transportes le reclama que rehaga con urgencia la documentación necesaria y que aclare la situación de las partidas económicas previstas para las obras.
La asociación también demanda al Gobierno del Principado una posición «firme» ante el Ejecutivo central y considera que Asturias debe implicarse directamente para evitar que Gijón pierda inversiones y continúe soportando los problemas derivados del tráfico pesado.
Las reclamaciones alcanzan igualmente al Ayuntamiento de Gijón. El colectivo vecinal solicita que el Consistorio utilice las herramientas legales disponibles y aplique de manera estricta las restricciones al tráfico pesado y al transporte de cargas peligrosas durante los episodios de contaminación.
La advertencia final de la asociación es clara. Los vecinos aseguran que no permanecerán al margen si continúa el bloqueo y reclaman una solución definitiva que incorpore tanto plazos concretos como financiación.
«Si las administraciones no se sientan a dar una solución definitiva con calendario y presupuesto, nos tendrán de nuevo en la calle defendiendo la dignidad y la salud de nuestro barrio», concluye la Asociación de Vecinos Alfonso Camín.
