En respuesta a la convocatoria nacional del sindicato Venia, los letrados acudirán al Palacio de Justicia de la ciudad e instarán a «la suspensión de las vistas programadas»
Por todo el país, el vaso de la paciencia que sostienen los letrados adscritos al turno de oficio se ha llenado por completo. Hartos de lo que entienden como unas condiciones precarias impuestas por el Estado, tanto en término económicos como en lo concerniente a la ausencia de un estatuto propio, los integrantes de dicho colectivo, representados por el sindicato Venia, han convocado para este martes una huelga indefinida. Y no parece que Gijón vaya a mantenerse al margen de la misma. Tal como anunciaba ayer la portavoz de la Agrupación de Abogados del Turno de Oficio de la ciudad, Verónica Fulgueiras, los letrados gijoneses secundarán la movilización, y acudirán hoy al Palacio de Justicia para instar a sus compañeros a que «suspendan las vistas programadas», algo que «previamente se ha solicitado por escrito ante los diferentes órganos judiciales, sin respuesta».
Según recoge la Agrupación en el comunicado emitido el lunes, el núcleo duro de la protesta responde, efectivamente, a razones pecuniarias. Y es que, en opinión de sus miembros, resulta inadmisible que se hagan guardias penales con disponibilidad de veinticuatro horas, independientemente de si se trata de días festivos, y que «la Administración para la que trabajamos nos pague, en el mejor de los casos, 7,35 euros por hora que, además abonará en sesenta ó noventa días». El malestar por ello crece a tenor de que «somos un servicio público prestado por abogados y procuradores de los tribunales, con un alto coste para los profesionales que lo realizan, y somos quienes, con nuestro esfuerzo y sacrificio, sustentamos este sistema».
Pero no es el económico el único punto de fricción. Otra cuestión pendiente, largamente reclamada por los letrados, es «la aprobación de un estatuto de la abogacía y procura del turno de oficio, donde se regulen los derechos y obligaciones de los profesionales, así como su encaje como prestadores de un servicio público de asistencia jurídica». Fue en esa cuestión en la que Fulgueiras se mostró más virulenta. Tal como señalaba ayer, «la abogacía tiene un papel fundamental en el Estado de Derecho, y no somos conscientes de ello a la hora de dignificar nuestra actividad». En consecuencia, su clamor parte de la reclamación de «una regulación moderna y acorde a la situación socioeconómica, que proteja la prestación de este servicio velando por los profesionales que lo sustentan» y, sobremanera, «dignificándolo» para «garantizar la correcta defensa de los intereses de las personas que lo solicitan».
