El sindicato JUPOL esgrime el caso en cuestión como una prueba más para que la suya sea considerada profesión de riesgo, un reconocimiento del que disponen las fuerzas autonómicas y locales, pero del que carecen las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la propia Nacional
Hay victorias que, pese a lo meritorio de cualquier éxito, dejan un regusto amargo en el paladar. Triunfos parcialmente ensombrecidos por aquello que ha habido que dejar en el camino para lograrlos… O por las pérdidas que podrían haberse evitado si se hubiese contado con algo de lo que, a la hora de la verdad, se careció. Ese es el sabor que ha dejado en la boca de Justicia Policial (JUPOL), una de las varias organizaciones sindicales que representan a los agentes de la Policía Nacional, la reciente sentencia impuesta a cierto hombre que, en verano de 2022, agredió a un uniformado de 48 años durante un operativo en Gijón, dañándole la espalda y condenándole a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. El hecho en sí, reconocen en JUPOL, forma parte de los peligros intrínsecos al oficio policial… Y es ahí donde comienza la amargura. No en vano, la reciente condena impuesta al sujeto, que deberá cumplir tres años de prisión, ha reavivado una de las reclamaciones históricas de esta fuerza armada: que a su trabajo le sea reconocida, de una vez por todas, la condición de profesión de riesgo, algo con lo que cuentan sus equivalentes autonómicos y locales en toda España, pero que le es negado a la Guardia Civil, a los Ejércitos de Tierra y Aire, a la Armada y a la propia Nacional.
Ante todo, es preciso conocer los sucesos ocurridos en Gijón. A mediados de junio de 2022 una patrulla acudió a cierto hostal de la calle Libertad, encontrándose a un primer individuo tendido en el suelo, con heridas en el rostro y casi inconsciente, y a un segundo, el ahora condenado, que exigía que el primero fuese expulsado del lugar. Ambos uniformados trataron de explicar al segundo hombre que, dado el estado del primero, la única solución era llamar a los sanitarios, y le exigieron que se identificase, a lo que se negó. De pronto, cuando se le comunicó que debía acompañarles a la comisaría de El Natahoyo, el sujeto se lanzó contra los policías, placando por detrás a uno y aferrando del cuello a su compañero. Finalmente, tras un breve forcejeo, el agresor fue reducido; no obstante, si bien el uniformado al que el detenido tomó del cuello sólo sufrió heridas leves, su compañero acabó con una grave lesión de espalda. Tanto, que el pasado agosto, con una discapacidad del 86% y la necesidad de recibir ayuda para desarrollar actividades cotidianas, la Dirección General de Policía Nacional le reconoció la incapacidad total. Afortunadamente, la letrada Sylvia Garrido, adscrita a JUPOL, obtuvo no solo la condena para el hombre, sino una indemnización de 137.932 euros para el más grave de los agentes, y de 240 para su compañero.
«Ya es agridulce que, pese a la indemnización, el compañero vaya a estar toda su vida en silla de ruedas, y al delincuente le haya caído la pena mínima, pero si, encima, pensamos en que seguimos sin ser vistos como profesión de riesgo… Los actores sí lo son»
«Estas cosas pasan; fue un ataque sorpresivo, inesperado, que hizo imposible ir escalando en proporcionalidad«, explican desde la delegación asturiana de JUPOL. Quizá, acotan, «si se contase con más pistolas TASER, o si todos los agentes tuviesen la formación para utilizarlas… Pero, en este caso, era difícil prever que el sujeto haría lo que hizo». Porque, todo policía con dos dedos de frente lo asume, el oficio en cuestión implica peligros… Que, sin embargo, y aquí comienza la cruzada del sindicato, la Administración aún no les ha reconocido. «Ya es agridulce que, aun a pesar de la indemnización, el compañero vaya a estar toda su vida en silla de ruedas, y al delincuente le haya caído la pena mínima, pero si, encima, pensamos en que seguimos sin ser vistos como profesión de riesgo…«, lamentan, indignados, sus afiliados. Y hay detalles que multiplican ese malestar, creciente año tras año. Por ejemplo, que ya no sólo las policías locales y autonómicas sin son vistas como profesión de riesgo… Es que, como se puso de manifiesto en una reciente emisión del programa televisivo de Antena 3 ‘El hormiguero’, al que acudieron representantes de la Policía Nacional, «un actor, como Antonio Banderas, que estuvo allí, sí es considerado realizador de un oficio de riesgo«.
Esa cruzada, aunque con solera, ha vuelto a saltar a las portadas nacionales recientemente. Hace sólo una semana representantes de distintos colectivos sindicales policiales se reunían en Madrid con las diputadas del Partido Popular (PP) Anna Vázquez e Irene Garrido, con el fin de pergeñar una enmienda a la proposición de ley que los populares llevarán al Congreso, y que persigue, entre otros puntos, que esa condición de profesión de riesgo les sea reconocida a los profesionales de todos los cuerpos de seguridad, independientemente de su régimen de cotización. De lograrse, el efecto se haría notar, sobre todo, en la posibilidad de acogerse a prejubilaciones y de retener pensiones más acordes con su actual nivel salarial. «El problema es muy complejo», ahondan desde la delegación nacional de JUPOL. «Antes de 2011 pertenecíamos al sistema de clases pasivas, sin ninguna singularidad, al mismo nivel que un cartero; pero, a partir de ese año, los nuevos agentes pasaron a estar en el Régimen General de la Seguridad Social, por lo que les podría reconocer esa condición especial«. ¿Qué razones han esgrimido desde entonces los distintos Gobiernos para no hacerlo? Fundamentalmente, «que nosotros, como la Guardia Civil y los militares, ya tenemos la posibilidad de apartarnos de la primera línea antes de la edad de jubilación; la Policía Nacional, acogiéndose a la segunda actividad, y los militares, pasando a la reserva«.
«Nos disuaden de pasar a segunda actividad. Hoy por hoy son muy poco los que la piden, porque el nivel de vida baja mucho. Y creemos que eso es precisamente lo que se pretende; que sigamos así»
Claro, que, matizan en JUPOL, «son dos opciones con trampa. Si un agente de la Policía Nacional cobra, por ejemplo, 2.000 euros, y se acoge a la segunda actividad a los 58 años, pasa a ganar 1.500; y esa diferencia aumentó en 2018, después del último acuerdo de equiparación salarial… Que dejó fuera a la segunda actividad». Detalles varios que, lamentan en la delegación nacional del sindicato policial, «nos disuaden de pasar a segunda actividad. Hoy por hoy son muy poco los que la piden, porque el nivel de vida baja mucho. Y creemos que eso es precisamente lo que se pretende; que sigamos así«. De ahí que desde JUPOL clamen por un «mayor compromiso del Gobierno para que se nos reconozca como profesión de riesgo», aunque, admiten, «tenemos pocas esperanzas, porque no percibimos voluntad política». Eso, a pesar de acontecimientos trágicos, como el acontecido en Gijón… «Si eso no es tener un oficio peligroso… ¿Qué puede serlo, entonces?«.
