La Justicia avala el plan de rescate de Duro Felguera y tumba la ofensiva de sus acreedores

El Juzgado de lo Mercantil de Gijón desestima todas las impugnaciones y confirma la homologación del plan de reestructuración que la compañía defiende como clave para evitar el concurso

Nuevo respaldo judicial para Duro Felguera. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón ha desestimado íntegramente las demandas presentadas por varios acreedores contra la homologación judicial del plan de reestructuración conjunto del grupo, dando así luz verde definitiva a una hoja de ruta que la multinacional asturiana considera esencial para garantizar su viabilidad.

La resolución supone un paso relevante en uno de los procesos más delicados de la compañía en los últimos años. El plan, firmado el 21 de octubre de 2025 tras el rechazo de una cuarta prórroga del preconcurso, había sido impugnado por una decena de acreedores nacionales e internacionales, entre ellos la gasista rumana Romgaz y varias sociedades vinculadas a General Electric. Con esta sentencia, el magistrado no solo valida el plan, sino que extiende sus efectos a todos los créditos afectados, incluidos aquellos acreedores que se opusieron al acuerdo. Además, la resolución es firme y no admite recurso.

La reestructuración fue planteada por Duro Felguera como una solución límite tras meses de tensión financiera. La compañía defendió durante el procedimiento que se trataba de “la única alternativa realista para preservar la continuidad del grupo y evitar la apertura de concurso”, apoyándose en un plan de negocio supervisado por el experto designado para el proceso. Ese argumento ha sido ahora refrendado judicialmente. El plan afecta de forma significativa al pasivo de las sociedades del grupo. Según la certificación de Lexaudit Concursal, los créditos incluidos representaban al menos el 51% del pasivo total de las mercantiles afectadas a fecha de 27 de octubre de 2025, un porcentaje suficiente para sostener la homologación conforme a la legislación concursal. La documentación económica incorporada al proceso valoraba además la matriz del grupo en una horquilla de entre 137,8 y 146,3 millones de euros, situando su valor central en 141,8 millones.

Acreedor por acreedor: el juez rechaza todos los argumentos

La resolución analiza una a una las objeciones planteadas por los distintos demandantes. En el caso de Romgaz, que cuestionaba su inclusión en el plan y la afectación de créditos ligados al proyecto Iernut, el juez concluye que no hubo indefensión material que invalidara el procedimiento. Respecto a Zgounder Millenium Silver Mining, que impugnaba la quita aplicada y la valoración de la compañía, el magistrado considera que sus argumentos se apoyaban más en discrepancias con las hipótesis del experto y en la cotización bursátil que en pruebas técnicas sólidas.

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También fueron rechazadas las reclamaciones de proveedores como Asturfluid, Aerzen Ibérica o Scafom, que cuestionaban la quita total de sus créditos y denunciaban un trato desigual respecto a proveedores considerados estratégicos. Sobre este punto, la sentencia es especialmente clara: “La desigualdad de tratamiento tiene una justificación objetiva vinculada a la viabilidad y no constituye trato paritario quebrantado dentro de una misma clase”. En otras palabras, el juez avala que algunos acreedores quedaran fuera del perímetro de sacrificio por su papel clave en la continuidad operativa del grupo.

Uno de los bloques más complejos de oposición fue el presentado por varias sociedades del grupo General Electric, que cuestionaban prácticamente todos los pilares del plan: desde su viabilidad hasta la nueva financiación, el perímetro de afectación o el cumplimiento de la prioridad absoluta. Su escrito fue uno de los más extensos y técnicamente complejos, pero tampoco prosperó. El magistrado reconoce que la arquitectura del plan es “excepcionalmente intensa” y que la quita total exige “un control riguroso”, aunque concluye que ninguna de las objeciones presentadas logra desmontar la razonabilidad de la valoración ni la necesidad de la financiación nueva.

La decisión judicial refuerza la posición de Duro Felguera en un momento decisivo. La compañía, uno de los históricos industriales asturianos, llevaba meses tratando de blindar su continuidad mientras lidiaba con problemas financieros, litigios internacionales y la presión de acreedores. Con la homologación ya consolidada, el grupo gana margen para ejecutar su plan de negocio y estabilizar su estructura financiera.

El reto ahora pasa por convertir ese respaldo judicial en estabilidad operativa. Porque aunque la vía judicial queda cerrada, el verdadero examen para Duro Felguera empieza ahora: demostrar que el plan aprobado puede sostener la actividad y devolver al grupo a una senda de viabilidad real.