El Comité de Empresa también ha interpuesto una demanda en el Orden Jurisdiccional Social, en busca de solución a una situación que considera «indiscriminada» e «insuficientemente justificada»

Nuevas tensiones se ciernen sobre ArcelorMittal. En la tarde de este mismo jueves la plantilla de la multinacional Eulen que trabaja en la factoría gijonesa volvía a anunciar su intención de movilizarse si no recupera su derecho al contrato relevo de la industria manufacturera. Así lo manifestó, a través de un comunicado, el Comité de Empresa, desde el cual se asegura que «a los empleados que cumplen los requisitos para acceder» a esa forma de contratación «se les deniega con motivo de una subrogación empresarial de empresas auxiliares», que se llevó a término el 1 de febrero del año pasado. Se trata, empero, de la misma petición que se formuló a finales del pasado mes de junio.
Pese a que tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Acta de Subrogación prevén expresamente que se han de respetar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, desde el Comité afirman que, en este caso concreto, «se está obviando por completo toda esa salvaguarda de derechos, incluido el de poder acceder a la jubilación parcial de la industria manufacturera». A ese respecto, en el comunicado se afirma que la justificación esgrimida por Eulen es la modificación de su condición en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), un argumento insuficiente para los afectados. «No puede ser causa de que este colectivo de trabajadores se vea privado de su derecho de acceso de forma indiscriminada por una circunstancia que les es totalmente ajena», argumentan.
Así mismo, se ha señalado que algunos afectados interpusieron una demanda de conciliación ante Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) de Gijón, al que fueron citados los representantes legales de ArcelorMittal, de Eulen y de Daorje, empresa predecesora de la anterior en la prestación del servicio, sobre la que pesa la misma acusación. Aquel acto concluyó sin avenencia, lo que avoca a los trabajadores, según el Comité, a tener que acudir a la vía jurisdiccional para ver tutelados sus derechos; todo ello, empero, «en un marco de huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que conlleva que la inaceptable situación actual de estos trabajadores vaya a dilatarse en el tiempo».
Por todo ello, se ha avanzado que desde el Comité de Empresa se respaldarán las oportunas movilizaciones para conseguir desbloquear la postura de «cerrazón empresarial», dando una solución al asunto y que las empresas responsables no obvien la realidad de estos trabajadores. Paralelamente, y con independencia de lo anterior, el Comité de Empresa también ha interpuesto una demanda en el Orden Jurisdiccional Social, a los mismos efectos.