Las trabajadoras, que realizan su labor a través de la empresa adjudicataria VitaEvents, denuncian un deterioro general de sus condiciones de trabajo, con responsabilidades crecientes, exigencias fuera de horario y falta de reconocimiento profesional
Si bien el frente de la vivienda parece eclipsar por momentos en resto de reivindicaciones, la huelga general convocada para el próximo miércoles, 11 de noviembre, no bebe únicamente de esa crisis habitacional. Hay también un afán por incrementar los salarios y el poder adquisitivo de la ciudadanía, así como por acabar con la precariedad. Y es a esa última ola a la que, si las previsiones actuales se cumplen, se subirán las trabajadoras del programa de conciliación familiar 11×12, creado por el Ayuntamiento de Gijón y cuya gestión permanece adjudicada a la compañía VitaEvents. En un comunicado facilitado a los medios, el Comité de Empresa asegura que el grueso de la plantilla secundará la movilización como forma de visibilizar su «precaria» realidad. Una realidad, insisten, marcada por el incremento de responsabilidades, las exigencias fuera del horario laboral y la falta de reconocimiento profesional, sin que nada de todo lo anterior vaya de la mano de una mejora de sus retribuciones, ni de sus condiciones, hasta «niveles dignos».
«No puede haber conciliación para las familias a costa de la precariedad de quienes la hacen posible», sentencia la representación del Comité, que da voz a un personal que presta servicio en dieciséis centros distribuidos por todo el municipio. Tal afirmación se sustenta, en primer lugar, en «la elevada carga de trabajo» que las profesionales aseguran desempeñar, tanto de atención directa al alumnado, como de tareas burocráticas. Estas últimas, ahondan desde el Comité, «en muchas ocasiones las tenemos que terminar en nuestros domicilios y fuera de la jornada laboral, sin compensación»; y lo mismo ocurre con los desplazamientos a la sede de la empresa -situada en la plaza del Instituto- para recoger material y documentación, con el añadido de que «nos toca asumir los gastos» de esos viajes. Por si fuese poco, «no se respeta el plazo del convenio para los llamamientos», lo que dificulta «organizar la vida personal», y ha obligado, en casos extremos, a «rechazar la posibilidad de incorporación, causando baja voluntaria en la empresa».
Hay, incluso, un aspecto polémico más, reseñado por el Comité, que contribuye a agravar todo lo anterior: la falta del debido reconocimiento profesional. «Nuestra categoría laboral no refleja la diversidad de funciones que desempeñamos», inciden. Esa dinámica se traduce, por descontado, en el plano salarial. Sin una retribución acorde con sus múltiples tareas, y con esa «dificultad para que nosotras mismas conciliemos nuestras vidas profesional y privada», hoy por hoy «el coste de la vida se come nuestros salarios, mientras nuestras responsabilidades profesionales no dejan de crecer». Todo ello, a mayores, sin que VitaEvents «haya dado respuesta a las cuestiones planteadas», y sin comprender por qué el Ayuntamiento «licita y adjudica sin vigilar que se dan unas condiciones adecuadas, recursos suficientes y financiación acorde con el trabajo». Todo ello, en fin, llevará a las trabajadoras del servicio a secundar la huelga del 11N. Porque, finalizan, «no queremos trabajar menos; queremos trabajar mejor».
