La reciente muerte de un hombre en Fontaciera a manos de la Guardia Civil aviva la sensación de «desamparo» de los agentes

JUCIL denuncia que el tirador, en prácticas, carecía de «experiencia de calle» suficiente, o de una formación adecuada, para lidiar con un sujeto agresivo aquejado de problemas mentales, y critica la imposibilidad del uniformado de afiliarse a asociaciones profesionales para afrontar el proceso judicial

¿Fue una reacción proporcionada al grado de riesgo de la situación, o una respuesta desmedida, fruto de la bisoñez y, quizá, del miedo? He ahí la difícil pregunta a la que la Justicia deberá dar respuesta en este punto, una semana después de que un agente en prácticas de la Guardia Civil, recién destinado a Gijón, abatiese mortalmente de un disparo a un hombre durante un operativo en Fontaciera. Según se ha sabido desde entonces la víctima, de 52 años, padecía problemas psiquiátricos, acumulaba múltiples antecedentes -incluido un intento de homicidio- y llegó a arrebatarle la defensa al uniformado en cuestión, agrediendo con el objeto a él y a su compañero. La duda ahora, cargada de matices, es si el uso del arma reglamentaria estuvo ajustado, o no, a los principios de proporcionalidad y defensa propia. Sin embargo, para la asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) este caso ha puesto de manifiesto una derivada más: las insuficientes preparación y protección legal de que gozan los agentes a la hora de enfrentar situaciones de esa índole. Carencias todas para cuya subsanación reclaman la intervención inmediata del Ministerio del Interior.

Si bien en JUCIL no niegan «lamentar la desgracia», matizan que el tirador «se vio envuelto en una situación extrema en su primer día de servicio», teniendo como oponente a una persona «con múltiples antecedentes violentos, incluido un intento de homicidio con una motosierra». Para los representantes de la asociación, que el fallecido se comportase «con extrema violencia», junto al hecho de que en esas fases del adiestramiento de un guardia «apenas se tiene experiencia de calle», creó un cóctel peligroso, aderezado con la «falta de protocolos específicos para intervenciones vinculadas a la salud mental», y la «carencia de medios no letales» para reducir a sospechosos, como los célebres dispositivos TASER. Todo ello, opinan, desembocó en la tragedia que ahora, como se ha dicho, ha quedado en manos de la autoridad judicial.

Y es ahí donde arranca el segundo foco de malestar para JUCIL. Porque, según recoge la legislación vigente, los uniformados de la Guardia Civil en prácticas carecen de derecho a afiliarse a asociaciones profesionales, por lo que el implicado en el suceso de Fontaciera «deberá afrontar un complejo proceso judicial por homicidio solo, en el más absoluto desamparo y sin poder acceder a los servicios jurídicos gratuitos» de tales organizaciones. Una dinámica «arbitraria» que, exigen, debe ser cambiada cuanto antes.

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